Características Sociodemográficas y Procesales de Personas Menores de Edad Imputadas en Expedientes del Poder Judicial de Costa Rica

Abstract

Los estados americanos a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), encaminaron la jurisdicción especial hacia el principio de legalidad, resguardando las garantías de las personas menores de edad, y adoptando una serie de medidas orientadas al reparo de las posibles víctimas (García, 2009). Asimismo, y de forma novedosa, el enfoque se puso en la reeducación de la persona menor de edad que infringía la ley, con lo cual se dejó el internamiento como la última opción. En consonancia, a finales del siglo XX Costa Rica comenzó a establecer un sistema de justicia penal juvenil centrado en la protección de los derechos de la persona menor de edad. Esta reforma buscó tratar la justicia penal juvenil desde una perspectiva resocializadora, integral y respetuosa hacia los derechos de la persona menor de edad. De tal forma que con la Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996 se pasó de tener un sistema tutelar a uno garantista que buscaba priorizar la sanción con un enfoque socioeducativo (Piedra Pérez & Murillo Mora, 2022). En consecuencia, en Costa Rica el reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad es fundamental y con el tiempo se ha fortalecido la incorporación de instrumentos jurídicos de orden tanto internacional como nacional. Por otro lado, en nuestro país también se les asignan responsabilidades legales a las personas menores de edad y según la Ley Penal Juvenil, las personas adolescentes de 12 años en adelante pueden ser responsables penalmente por la comisión de delitos que están tipificados en el Código Penal. Los delitos constituyen formas violentas de resolver conflictos (Tiffer, 2003) y cuando se trata de personas adolescentes, adquieren una connotación aún más compleja, al enmarcarse en una serie de vacíos en la protección estas personas que lamentablemente no han contado con las condiciones para un desarrollo infanto-juvenil positivo. A partir de los distintos modelos que tratan de explicar por qué las personas adolescentes delinquen, se puede afirmar que las dinámicas de asociación en y con el entorno configuran los patrones de conducta de estos jóvenes a la luz de las experiencias familiares, educativas, laborales, con grupos de pares y en otros ámbitos de su participación cultural (Méndez & Barra, 2008). Consecuentemente, la forma en que resuelven sus conflictos, sus capacidades de afrontamiento aproblemas, su interiorización y cumplimiento de normas, su autocontrol y sentido de responsabilidad se van desarrollando en prácticas habituales de las que como sociedad, queramos o no, somos corresponsables (Navarro-Pérez & Pastor-Seller, 2018). Por tanto, el abordaje que se le dé no puede desconocer esta realidad, y solamente enfocarse en una perspectiva punitiva, sino que necesariamente debe ser reeducativa. Las mejores prácticas basadas en evidencia a nivel internacional muestran que la prevención de las causas y factores que aumentan el riesgo de que las personas menores de edad se encaminen por trayectorias del desarrollo que conlleven a una vida al margen de la ley es el mejor camino para las naciones en su trabajo por disminuir la delincuencia juvenil (May et al., 2014). Todas las demás medidas que se enfoquen en el tratamiento del delito, aunque incluyan una perspectiva de derechos y giren en torno a la reeducación, antes que en el aspecto punitivo, hay que reconocer que llegan a destiempo, y por tanto su efectividad y retornos a la sociedad, son bastante limitados. Esto es, la prevención es la única forma de asegurar que las personas menores de edad ejerzan sus derechos de forma plena, y que como sociedad, vivamos de forma coherente con los principios de las leyes y tratados internacionales que intentan proteger a la niñez.