Pacto verde y las regulaciones ambientales sobre el sector productivo de palma en Costa Rica: estudio de casos de empresas en la Zona Pacífico Sur

Abstract

La Unión Europea (UE) ha sido pionera en la formulación de políticas ambientales, como se refleja en el Pacto Verde Europeo (PVE) anunciado en 2019. Este pacto tiene como objetivo lograr la neutralidad climática para 2050 mediante una serie de iniciativas destinadas a transformar la economía de la UE en una economía circular. Entre los elementos clave se encuentran el respeto y el uso sostenible de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Una de las medidas más destacadas del Pacto Verde es la restricción de productos asociados con la deforestación, como el aceite de palma y sus derivados. Como comprador central, la UE desempeña un papel de autoridad en la definición de políticas y regulaciones ambientales que tienen un alcance extendido hacia las diferentes cadenas de suministro que abastecen e interactúan con las distintas industrias dentro de esa comunidad para gestionar de manera sostenible los recursos naturales y reducir la huella ambiental en la producción de aceite de palma. Hoy en día, el concepto de desarrollo sostenible ha evolucionado para abarcar aspectos como el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, todos fundamentales en el comercio internacional. La producción de aceite de palma requiere ajustarse a los estándares internacionales para mantener la competitividad en el mercado. Los productores y exportadores deben cumplir con las regulaciones del Pacto Verde, mejorando las prácticas de producción y comercialización. Dada la importancia económica de la palma de aceite en Costa Rica, este estudio se centra en examinar las posibles implicaciones comerciales de las regulaciones ambientales de la UE para las empresas exportadoras de aceite de palma en la región del Pacífico Sur del país. Estas regulaciones representan un impulso para las empresas costarricenses, como Palma Tica y COOPEAGROPAL, que deben asegurar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones para cumplir con estas regulaciones, lo que implica una colaboración integral entre empresas, gobierno y municipios. Estos esfuerzos son cruciales para proteger el medio ambiente, mejorar el bienestar local y garantizar la viabilidad económica del sector, asegurando su participación en los mercados internacionales.

The European Union (EU) The European Union (EU) has been a pioneer in the formulation of environmental policies, as reflected in the European Green Deal (EGD) announced in 2019. This pact aims to achieve climate neutrality by 2050 through a series of initiatives aimed at transforming the EU economy into a circular economy. Key elements include respect for and sustainable use of natural resources, food security, and biodiversity. One of the most notable measures of the Green Deal is the restriction of products associated with deforestation, such as palm oil and its derivatives. As a central buyer, the EU plays an authoritative role in defining environmental policies and regulations that have an extended scope towards the different supply chains supplying and interacting with the various industries within that community to sustainably manage natural resources and reduce the environmental footprint in palm oil production. Today, the concept of sustainable development has evolved to encompass aspects such as economic development, social inclusion, and environmental sustainability, all of which are fundamental in international trade. Palm oil production requires adjustment to international standards to maintain competitiveness in the market. Producers and exporters must comply with Green Deal regulations, improving production and marketing practices. Given the economic importance of palm oil in Costa Rica, this study focuses on examining the potential commercial implications of EU environmental regulations for palm oil exporting companies in the South Pacific region of the country. These regulations represent a boost for Costa Rican companies, such as Palma Tica and COOPEAGROPAL, which must ensure the environmental sustainability of their operations to comply with these regulations, requiring comprehensive collaboration between companies, government, and municipalities. These efforts are crucial for protecting the environment, improving local welfare, and ensuring the economic viability of the sector, ensuring its participation in international markets.