En Costa Rica una parte importante de los servicios públicos son regulados por el Estado. Algunos de ellos son gestionados y ofrecidos por empresas propiedad estatal, mientras que otros son concesionados por el Estado al sector privado para su gestión y oferta. Estos servicios abarcan sectores muy diversos como la energía (electricidad e hidrocarburos), el transporte remunerado de personas, los servicios en puertos y aeropuertos, las telecomunicaciones, los servicios de distribución de agua potable, el alcantarillado sanitario, el riego y avenamiento, entre otros.
