El futuro de las negociaciones sobre inversiones y ambiente
Eduardo Gitli y Carlos Murillo
Serie Documentos de Trabajo 003-2001
 
 
 
 
CINPE – CIPMA – GETS - FORD 
 
 
 
EL FUTURO DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE 
INVERSIONES Y AMBIENTE 
 
 
 
 
Eduardo Gitli 
Carlos Murillo 
 
 
 
Las políticas para la atracción de la inversión extranjera forman parte de 
las estrategias de las economías latinoamericanas. No obstante, la 
pregunta central es ¿hasta dónde se requiere marcos internacionales 
(multilaterales o regionales) relativos a las inversiones y cuales debieran 
ser sus características? ¿Hasta dónde son enteramente nuevas las 
circunstancias que se introducen con las consideraciones ambientales? 
Dentro de las respuestas a estas preguntas este documento aporta a la 
“agenda positiva”, basada en propuestas lo suficientemente 
fundamentadas como para ser exitosas. 
 
 
 
 
 
Abril del 2001 
Costa Rica 
 
 
 
 
 
Correo electrónico:  inca00@racsa.co.cr 
 
 2 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
 
1.- Introducción: la “agenda positiva” 
2.- ¿ Qué está pasando con las inversiones extranjeras? 
2.1 – La evolución de la IED Mundial 
2.2 La procedencia de las inversiones 
2.3 La distribución sectorial de las inversiones extranjeras 
2.4 Las empresas transnacionales 
2.5 Principales conclusiones sobre las tendencias de la IED 
3.- Las políticas de atracción de inversiones 
4.- Las inversiones en el GATT y la OMC 
5.- Los tratados bilaterales de inversión (BITs). Una nueva etapa de la discusión 
6.- Los objetivos ambientales y la relación inversión-ambiente 
6.1 Economía y ambiente 
6.2 Inversión y Ambiente en América Latina 
7.- Los desajustes entre inversiones y ambiente en los tratados. La experiencia del 
TLCAN 
8.- El MAI y su significado para las negociaciones 
9.- Objetivos de los acuerdos de inversiones 
10.- Inversión y ambiente: la agenda 
Referencias 
Cuadros anexos 
Apéndice  
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
EL FUTURO DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE INVERSIONES Y AMBIENTE 
 
 
Eduardo Gitli 
Carlos Murillo1 
Rev. 30/4/2001 
 
1.- Introducción: la “agenda positiva” 
 
 La expresión  agenda positiva fue acuñada por el secretario general de UNCTAD, 
Rubens Ricupero hacia fines del año 1996. Para ese entonces, en particular luego de la 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Singapur, 
era evidente que los países en desarrollo –a pesar de los grandes avances en la 
coordinación de sus posiciones, como en la creación del grupo Cairns- carecían de un 
marco general sistemático para plantear sus posiciones orientadas a obtener resultados 
positivos prácticos. Se trataba entonces, de construir una agenda donde se identificaran de 
manera coherente los intereses de los países en desarrollo con respecto a todos los 
asuntos, no solamente en su rol de demandantes, sino que a la vez se pudieran traducir en 
propuestas técnicamente factibles y lo suficientemente fundamentadas como para ser 
exitosas (UNCTAD 2000a:2). 
 
 Imbuidos de este espíritu, los autores del presente ensayo retomamos la idea en el 
contexto de las negociaciones en curso para el Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). La particularidad de nuestro análisis radica en primer lugar en su 
carácter regional, enfocando el Continente desde la perspectiva de los países en 
desarrollo. En segundo lugar, se toma en consideración la organización de las discusiones 
en mesas temáticas de negociaciones, siendo las inversiones una de ellas. En tercer lugar 
se considera cada materia sustantiva de negociación, en este caso, las inversiones, en 
función de sus parámetros de referencia en la discusión mundial relevante y de los 
objetivos del ALCA, pero también en sus aspectos de aprovechamiento de las 
potencialidades y oportunidades de promover los impactos ambientales positivos, así 
como de minimizar los negativos. Nuestro objetivo consiste en adoptar un escenario de 
posiciones posibles para lograr una inserción provechosa de nuestros países en el proceso 
de globalización, en este caso utilizando las inversiones como una palanca importante. 
Esto incluye la necesaria autonomía para emprender políticas públicas que aceleren el 
proceso de crecimiento, conduciéndolo hacia un desarrollo sostenible.  
 
 La inclusión-exclusión de los temas ambientales en las negociaciones 
hemisféricas es un asunto bastante complejo. El compromiso inicial por el que se creó un 
                                                 
1 Proyecto Integración Comercio y Ambiente (INCA), Centro Internacional de Política Económica para el 
Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. Este documento ha sido preparado bajo 
el proyecto ALCA Sostenible, ejecutado por CIPMA de Chile, CINPE, de Costa Rica y GETS de la 
Universidad de Yale con apoyo de la Fundación Ford. Se agradecen los comentarios de Olman Segura, 
Hernán Blanco, Jorge Cabrera y José Pablo Sánchez a una versión anterior. Las responsabilidades residen 
en los autores. 
 4 
 
 
 
Pacto para el Desarrollo y Prosperidad de las Américas fue establecido el 11 de diciembre 
de 1994 en la Cumbre de las Américas, efectuada en Miami. Allí se plantearon cuatro 
ejes temáticos: democracia, integración económica y libre comercio (ALCA), erradicar la 
pobreza y la discriminación, y desarrollo sostenible. Este último “eje” dio lugar a la 
Primera Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible en Santa Cruz, Bolivia, 
durante el año 1996. A partir de este momento, el seguimiento de los componentes del 
desarrollo sostenible, como emprendimiento colectivo, se hace cada vez más brumoso y 
en la Segunda Cumbre de las Américas realizada en Santiago en 1998, el eje de 
educación, desaloja al de desarrollo sostenible, que pasa a ser parte de la agenda de otro 
tipo de cumbres presidenciales con escasos compromisos efectivos, por no decir ninguno. 
 
 La cuestión ambiental queda relegada en las negociaciones de ALCA a partir de la 
Declaración de Santiago de la siguiente manera: 
 
“Creemos que la integración económica, la inversión y el libre comercio 
son factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones 
laborales de los pueblos de las Américas y lograr una mejor protección del 
medio ambiente. Estos temas se tomarán en consideración a medida que 
avancemos en el proceso de integración económica en las Américas”. 
 
El compromiso de nuestro trabajo es ubicar las relaciones entre las mesas de 
negociación en que se ordena la agenda principal de ALCA y el encaje de lo ambiental en 
cada una de ellas. Las inversiones constituyen uno de los insumos centrales para el 
desarrollo sustentable. Empero, mostraremos que casi toda negociación de inversiones 
tropieza constantemente con la autonomía de las políticas públicas. Este es el hilo 
conductor de todo nuestro estudio, donde el tema ambiental sufre de los mismos 
problemas que cualquiera de los demás. 
 
Por este motivo comenzamos por analizar los cambios en los flujos 
internacionales de capital, los elementos de las políticas nacionales para la atracción de 
las inversiones y que se espera de ellas. A partir de este diagnóstico inicial se revisan los 
principales acuerdos que constituyen el marco de nuestra preocupación: la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y las disputas que ha generado, los acuerdos bilaterales de inversiones (BIT) y 
las propuestas en la OECD y la OMC a efectos de culminar con los posibles escenarios 
de las negociaciones. 
 
 
2.- ¿ Qué está pasando con las inversiones extranjeras? 
 
 
Las políticas de incentivos y atracción de inversión extranjera han sido parte de 
las estrategias de las economías en desarrollo. El aumento en los flujos de inversión hacia 
ellas pone en evidencia los esfuerzos que se han hecho creando condiciones para las 
inversiones. Estos esfuerzos han  mejorado el marco legal, dado mayor seguridad al 
 5 
 
 
 
inversionista, propiciado una mayor estabilidad macroeconómica, y  abierto nuevos 
mercados. 
   
Tradicionalmente, la literatura especializada  y la evidencia empírica 
correlacionan inversión de largo plazo con crecimiento. Se suele relacionar con la 
inversión extranjera directa la transferencia tecnológica, el aumento de las exportaciones, 
mayor competitividad y eficiencia, y que trae, para el caso de las economías en 
desarrollo, un recurso que es escaso en ellas, como lo es el capital. Esta es una 
proposición de tipo general, que suele ser objeto de notas cautelares que se analizarán 
más adelante 
 
 En general la inversión puede ser de  varios tipos, pública o privada, nacional o 
extranjera, de portafolio o deuda, inclusive de ayuda o cooperación internacional. La 
Inversión Extranjera Directa (IED) en particular, se clasifica de tres formas: capital en 
acciones y obligaciones, beneficios no distribuidos y prestamos de sociedades matrices a 
sus filiales. Por último, la IED puede llegar absorbiendo empresas o instalaciones ya 
existentes por medio de fusiones y adquisiciones (FyA) o de privatizaciones. Las 
estadísticas registran todos estos movimientos, aunque no representen una transferencia 
real de capital. 
 
      Así como se relacionan externalidades positivas con la IED, también se apuntan 
con ella riesgos, entre los cuales se encuentran la posibilidad de que ésta, en vez de 
complementar el ahorro interno, lo sustituya, aumentando la demanda agregada y 
estimulando el consumo; que propicie un aumento desmedido de las importaciones, la 
repatriación de las utilidades y que promueva la concentración de los mercados. ¿De qué 
depende que sea uno u otro el rasgo que caracteriza una determinada inversión extranjera 
en un país específico? Esto depende de las condiciones institucionales, económicas y 
políticas. Para el caso especifico de América Latina estamos en una etapa prematura para 
decir con certeza si ésta está siendo beneficiosa o no.  Las privatizaciones, sobre todo por 
su envergadura, requerirán de algún tiempo para apreciar de manera objetiva en que 
medida aumentan la eficiencia, transfieren tecnología y traen estabilidad a las economías.  
 
2.1 – La evolución de la IED Mundial 
 
Observando el comportamiento de la IED a nivel mundial en la década de los 90, 
vemos que, con excepción del primer año, ha crecido en forma sostenida, pasando de 208 
miles de millones de dólares en 1990 a 865 miles de millones en 1999 (gráfico 1). 
Analizando el destino de los flujos de IED, sobresale que quienes más se benefician de 
ella son los países desarrollados.  Para el año 1999 atrajeron alrededor del 73.5 por ciento 
del total.  
 
En lo que respecta a los países en desarrollo, se nota igualmente que durante esta 
década la IED mostró un incremento sostenido hasta 1997. La crisis asiática fue como un 
balde de agua fría para el conjunto de los países en desarrollo, cambiando la tendencia a 
 6 
 
 
 
favor de los países industrializados durante 1998 y 1999. Comparando  la IED en las 
ultimas dos décadas con destino a los países en desarrollo esta ha pasado de alrededor  de 
un 16 por ciento en la segunda mitad de los ochentas al 28 por ciento en la de los 
noventas. Destaca en estos flujos su elevada concentración en pocos países. Las 10 
principales economías emergentes recibieron las tres cuartas partes de la IED total en los 
países en desarrollo2. Tan solo China, Brasil y México absorbieron casi la mitad de las 
entradas totales (UNCTAD 1999c). Esta concentración en realidad no es algo nuevo, lo 
que sí lo es, es el  cambio en la distribución geográfica.  
 
 
 
 
Cuadro 1: Participación de los flujos de inversión extranjera directa 
1998 
 
En relación al total de países en 
desarrollo  % IED % Población 
IED  
per capita % PIB  
     10  Países emergentes a 74.2 34.2 7.1 59.4 
          
En relación al total de países de 
América Latina y el Caribe b     
     
     Brasil y México 59.2 52.1 14.9 60.7 
     Argentina, Chile y Venezuela 21.6 14.8 19.2 23.7 
     Otros  19.1 33.1 7.6 15.7 
     
 
Nota: a/ Corresponde al total de participación de los principales países receptores de IED en desarrollo  b/  No 
incluye a los países con paraísos fiscales financieros. 
   
Fuente: UNCTAD (1999) y World Bank  Washington, DC (2000) para los datos sobre población y 
Producto interno bruto 
 
 
 
Durante los últimos 25 años Asia ha mostrado un incremento permanente, hasta 
llegar a captar aproximadamente el 52 por ciento de las entradas totales netas de IED en 
los países en desarrollo en los noventas. China representa dos tercios de la IED total que 
se ha hecho en Asia, y un tercio de la de todos los países en desarrollo. Mientras que 
América Latina representó alrededor del 37 por ciento para esta ultima década, después 
de haber sido cerca del 64 por ciento en 1975-1982. Si analizamos qué tipo de IED es la 
que principalmente se dirige a los países en desarrollo, vemos que entre la mitad y dos 
                                                 
2 En este caso, es válido decir que las 10 economías mencionadas, que contienen a China, Brasil y México 
entre otros, se llevan una parte mayor a la que sería dable esperar de acuerdo a su población (34.2%) y a su 
participación en el PIB mundial (59.4%) (véase el Cuadro 1). 
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tercios corresponde a fusiones y adquisiciones (FyA) en el decenio 1990.  Si excluimos a 
China, esta cifra asciende a 72 por ciento después de haber sido un 22 por ciento en 1988-
1991 (UNCTAD 1999c). Otro rasgo que vale la pena destacar es cómo ha ido variando en 
los últimos 25 años  la composición del tipo de entradas netas de capital. Se nota como ha 
ido aumentando la IED, y cómo han disminuido los préstamos bancarios y la ayuda 
oficial al desarrollo (OAD).  El comportamiento de esta última se explica en buena parte 
por el fin de la guerra fría. (ver anexo 1 )  
 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Paises en desarrollo
Paises desarrollados
Total mundial0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
Grafico 1. Evolucion de los ingresos netos de Inversion Extranjera Directa
millones de dolares
-1990-1999-
 
Fuente World Investment Report, 2000, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) 
 
 
 
2.2 La procedencia de las inversiones 
 
Si se consideran en particular los países de origen de las inversiones, se advierte 
una predominancia de Estados Unidos.  Sin embargo en los últimos años ha existido un 
sostenido aumento de las inversiones europeas, que en 1997 se acercaron bastante a las 
estadounidenses, dentro de las cuales el país que sobresale es España, seguida por el 
Reino Unido (ALADI, 2000).  Como podemos observar en el cuadro anexo 3, de la IED 
europea realizada en América Latina y el Caribe en el período 1995-97 (32 mil millones 
de dólares), Brasil es el que  tiene la mayor participación, con un 32.3 por ciento, seguido 
de Argentina. En relación con la IED proveniente de Estados Unidos hacia América 
Latina y el Caribe durante ese mismo periodo, el 40.2 por ciento se dirigió hacia Brasil y 
 8 
 
 
 
en segundo lugar a México.  Por último, el MERCOSUR es el principal receptor de la 
IED proveniente de Japón, alrededor del 81.2 por ciento se destina a ese mercado. 
 
Cabe resaltar que ésta tiende a concentrarse en pocos países de Latinoamérica.  En 
el período 1994-1999, Brasil, Argentina y  México juntos captaron casi dos tercios del 
total de los ingresos netos de inversión extranjera directa destinados a la región. (Ver 
gráfico 2). Empero, esta diferencia parece ser una consecuencia lógica. En un ejercicio 
efectuado para el año 1998 se aprecia que la participación de Brasil y México en la IED y 
en el PIB regionales es idéntica y que la IED supera ligeramente la participación de la 
población (Cuadro 1). Esto significa que el verdadero objetivo como región (América 
Latina y el Caribe) con respecto a la IED, debería ser el de su crecimiento uniforme en 
términos porcentuales. 
 
Grafico 2.America Latina y el Caribe: Participacion en los ingresos netos de 
inversion extranjera directa 
-1994-1999-
Brasil
28%
Argentina
16%Mexico
19%
Chile
9%
Otros ALADI
16%
America Central y 
Caribe
12%
 
Fuente: CEPAL, 2000 
 
  
Una buena parte de la explicación del aumento en la inversión extranjera directa 
en América Latina está asociada a las privatizaciones (FyA) y desregulaciones.  En este 
sentido destaca Brasil, país que más atrae inversión extranjera directa:  las privatizaciones 
representaron cerca del 93.2 por ciento de la inversión que ingresó en 1998, siendo la 
venta de empresas de servicios (Telecomunicaciones, energía eléctrica y comercio), la 
que genero una inversión cercana a los 4970 millones de dólares. Es de esperar que este 
comportamiento de las inversiones extranjeras se mantenga si tomamos en cuenta la 
apertura a la inversión extranjera de la petrolera estatal PetroBras (CEPAL, 1999).  El 
tamaño de la economía brasileña y las oportunidades de inversión como resultado de las 
privatizaciones y desregulaciones hacen que este país sea muy atractivo para los 
inversionistas extranjeros a pesar de los vaivenes de corto plazo de esa economía. 
 
 9 
 
 
 
Según estimaciones de la OCDE, la IED relacionada con la privatización 
represento el 73 por ciento de la IED  en Chile y el 80 por ciento de aquella en la 
Argentina durante 1990-1995 (UNCTAD, 1999c). En Argentina destaca, en 1999, la 
compra de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por la empresa española 
Repsol, operación que representó alrededor de trece mil millones de dólares. En Chile 
sobresale la compra por parte de la compañía española Endesa, de Enersis, el mayor 
conglomerado del subsector eléctrico de ese país por 3550 millones de dólares. 
  
¿Qué podemos decir de la forma en que la IED está incidiendo en la integración 
de las economías latinoamericanas y del Caribe?.  ¿Consiste ésta, primordialmente en un 
intercambio comercial (integración tenue) o está propiciando una integración profunda, 
en donde se den cambios estructurales en el aparato productivo y encadenamientos e 
interdependencias entre las economías? Sin lugar a dudas lo que está ocurriendo en el 
continente es esto último, aunque no de una manera homogénea. La integración  entre la 
economía mexicana y la estadounidense o la de los países del MERCOSUR, el aumento 
de la presencia de  las empresas trasnacionales en la región, e inclusive el aumento de la 
inversión directa de los mismos países latinoamericanos con sus vecinos (México en 
Centroamérica, Chile en Argentina, Brasil en MERCOSUR) son algunas muestras de esta 
tendencia.  
 
2.3 La distribución sectorial de las inversiones extranjeras 
 
La orientación que tiene  la inversión extranjera directa en la economía mundial  
en los diferentes sectores ha  cambiado en los últimos años. Llama la atención la 
reducción a prácticamente la mitad de la IED que tenia como destino el sector primario 
en el periodo 1988-1997.  Este comportamiento se dio tanto para los países desarrollados 
como para los en desarrollo (ver anexo 5). El sector financiero ha sido el que en la ultima 
década ha atraído la mayor porción de flujos de inversión. 
 
  La reestructuración de los mercados y la competitividad explican este 
comportamiento sectorial en los países desarrollados, mientras que la desregulación y las 
privatizaciones lo hacen en los países en desarrollo.. 
 
Para el caso de América Latina y el Caribe el comportamiento no fue diferente.  
El sector primario disminuyó, pasando de 9 por ciento en 1988 a 6 por ciento en 1997. 
Sin embargo, en donde existen cambios significativos es en los otros dos sectores.  El 
sector servicios tuvo un incremento significativo pasando, en el periodo, de 24 a 55 por 
ciento y el manufacturero disminuyó de 67 a 39 por ciento.   Este comportamiento 
confirma la estrategia de las empresas transnacionales en la búsqueda de acceso a los 
mercados del sector servicios en los años noventas y una mayor eficiencia en el sector 
manufacturero. 
 
 
 10 
 
 
 
2.4 Las empresas transnacionales 
 
Con el proceso de globalización, las empresas transnacionales han fortalecido su 
presencia en los mercados latinoamericanos.  Estas  han encontrado nuevas oportunidades  
en estos países, buscando eficiencia  y materias primas en el sector manufacturero y 
nuevos mercados en el caso de  los servicios. 
 
En el periodo 1990-1998 las subsidiarias de las empresas transnacionales 
aumentaron su numero de 142  a 202 y su participación en las ventas de 26.6 por ciento a 
38.7 por ciento de entre las  500 mayores empresas según sus ventas netas. Las empresas 
privadas nacionales mantuvieron su participación, alrededor de 260 compañías y sus 
ventas oscilaron entre un 38 y un 42 por ciento con respecto al total de ventas. Las que 
tuvieron una disminución drástica, entendible por las políticas de privatización y 
disminución del estado, fueron las empresas estatales que pasaron de 93 a 40 y su 
participación en las ventas totales paso de 35.3 a 19.1 por ciento (cuadro anexo 8).  
 
En lo que respecta el sector manufacturero, si analizamos las 100 empresas más 
importantes en ventas, la participación de las  transnacionales aumentó de 52.8 por ciento 
a 60.7 por ciento , las privadas locales se mantuvieron alrededor del 40 por ciento y las 
estatales decayeron de 5.2 a 1.2 por ciento. Cabe mencionar que alrededor de la mitad de 
las ventas de manufacturas corresponden a las empresas transnacionales del sector 
automovilístico (cuadro anexo 9).   
 
Estudiando la procedencia de las subsidiarias de las empresas transnacionales que 
operan en 6 países de América Latina en 1998, las que tienen su base en los Estados 
Unidos siguen siendo los grupos más numeroso (43.1 por ciento del total de las ventas 
consolidadas), procedentes de Alemania (10.6 por ciento), España (10 por ciento), 
Francia (9.2 por ciento)  e Italia (5 por ciento). 
 
En el campo de las exportaciones entre 1995 y 1998, y correspondientes a las 200 
mayores empresas exportadoras,  la participación de las transnacionales pasó de 66 a 95 
empresas y de 30.6 por ciento a 44.8 por ciento del total de esas exportaciones.  El sector 
manufacturero representó alrededor del 50 por ciento de las exportaciones totales, 
conservando su predominio, el sector primario disminuyó, debido a la baja de los precios 
internacionales de los productos básicos y el sector servicios aumentaron su presencia de 
5.3  a 9.2 por ciento (CEPAL 2000a y cuadro anexo 10). 
 
 
2.5 Principales conclusiones sobre las tendencias de la IED 
 
 
 En suma, los principales hechos estilizados que se aprecian en los flujos de 
inversión extranjera directa son los siguientes: 
 
 11 
 
 
 
Þ Si bien se puede hablar de un crecimiento comparativo de la IED hacia países en 
desarrollo, la tendencia no es ni uniforme ni estable y además es muy sensible a 
problemas que en teoría no deberían afectar demasiado, como las crisis financieras 
internacionales. 
 
Þ Los montos de inversión exhiben una fuerte concentración hacia los diez países 
emergentes que por el tamaño de su mercado o por sus estrategias de crecimiento 
acelerado son más atractivos. América Latina como un todo ha venido perdiendo 
terreno relativo a los países asiáticos. Empero, al nivel general de la región, al 
dividir la IED entre países grandes y pequeños no parecen haber sesgos cuando las 
inversiones se consideran relativas a la población o al producto, los que obviamente 
existen al nivel de los países en particular. En definitiva, la necesidad del 
crecimiento porcentual acelerado de la IED es generalizada. 
 
Þ Gran parte de la explicación del crecimiento de la inversiones en la región está 
basada en las privatizaciones. Son pocos los países que escapan a esta realidad. 
Esto plantea la necesidad de pensar la estrategia de atracción de inversiones como 
algo distinto de las privatizaciones y más asociado al funcionamiento general de las 
economías y a sus ritmos de crecimiento. 
 
Þ La tendencia de la IED de orientarse hacia el sector de servicios puede traducirse en 
nuevos problemas cuando ésta no genera sus propias divisas ni se traduce en una 
mayor eficiencia de las economías al punto de promover las exportaciones o 
sustituir importaciones. 
 
Þ Las nuevas empresas transnacionales ocupan el lugar que dejan libres las empresas 
estatales privatizadas. Empero, no se percibe un crecimiento de la cantidad de 
grandes empresas locales. 
 
 
 
3.- Las políticas de atracción de inversiones 
 
 
La atracción de inversiones constituye un punto focal de toda estrategia de 
desarrollo económico en los países que están aspirando a negociar en ALCA. Ni  los 
Estados Unidos quedan fuera de esta realidad. Por lo menos, la competencia de 
incentivos entre los diferentes estados de este país así lo indica. A su vez, las garantías 
extendidas a los inversionistas extranjeros constituyen un importante componente de 
cualquier estrategia. Desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, estas  
pueden ser explícitas o implícitas. Esto es, pueden provenir de acuerdos específicos entre 
países, entre estos y empresas, o pueden sencillamente provenir de la legislación nacional 
de cada anfitrión y de su record de cumplimiento en el pasado.  
 
 12 
 
 
 
La batalla por atracción de inversiones está en la propia razón del inicio de la 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los tratados 
subsecuentes (Gitli y Ryd 1992). La pregunta que nos debemos hacer es ¿hasta qué punto 
se deben efectuar concesiones especiales a los inversionistas foráneos para atraerlos? Las 
respuestas en América Latina son diversas. Algunos países como México han sido los 
pioneros en desmantelar sus sistemas restrictivos de condiciones para aceptar la IED. 
Aún así, al escribir estas líneas, México mantiene más condicionantes que el resto de los 
países. De lo que sigue una reflexión acerca de la relatividad de toda afirmación. Por 
tanto, la respuesta correcta es que cada país estará dispuesto a efectuar concesiones a la 
IED en función de varios factores que son distintos para cada lugar y que dependen de: a) 
el tamaño de su mercado interno, b) sus condiciones políticas internas, c) su historial 
pasado, d) su propio record interno de inversiones por parte de empresarios nacionales y 
extranjeros y por último, pero lo más importante e) en función de sus necesidades 
económicas de corto y largo plazo. Probablemente no haya una visión única en América 
Latina. Las naciones desean atraer inversiones y están dispuestas a fomentarlas, pero no 
todas están de acuerdo en el precio, cuando el costo de oportunidad puede estar en perder 
la capacidad para conducir las políticas públicas en general y la política regulatoria en 
particular. 
 
Esta visión acerca de la necesidad de fomentar las inversiones extranjeras directas 
no es aceptada de la misma manera o en forma unánime por todos. Si bien hay sectores 
en América Latina que desconfían de, y rechazan, el libre comercio, no existe una 
posición frontal articulada en contra de las inversiones extranjeras. Por ello, tomamos una 
síntesis de argumentos que toman distancia de las IED en un texto de Martín Khor, de 
Malasia (Khor 2000), quien publicó en una colección de UNCTAD, un artículo para la 
discusión (lo que significa que no es necesariamente la posición de esta organización)3.  
 
Este autor recuerda que el éxito económico de los países asiáticos, que siempre se 
toman como modelo, no se basó en las inversiones extranjeras, sino más bien en disponer 
de un acervo elevado de ahorro doméstico. Hay una corriente de economistas que 
argumenta que la IED tiene un impacto negativo sobre los ahorros domésticos, al 
fomentar el consumo. Esto se asocia al antiguo enfoque del desplazamiento de ahorro 
nacional por ahorro extranjero. Por otra parte, Khor plantea también que el capital 
extranjero conduce a flujos de salida de egresos del país a través de utilidades y otras 
partidas similares (patentes entre otros). Ahora bien, el planteamiento de que la IED tiene 
un impacto negativo sobre la balanza de pagos es tan viejo quizá como la propia 
inversión. No obstante, en tiempos de apertura, de tasas de cambio flexibles y de 
persecución de la competitividad, esta clase de aritmética deja de tener la importancia que 
tuvo en otras épocas. En una economía abierta, la empresa transnacional se impone 
generalmente a través de inducir a una mayor competitividad. Si no se subsidia a esta 
clase de empresas (ni en forma directa ni indirecta, a través de insumos), ni se protege a 
sus bienes de la competencia externa, resulta difícil argumentar el impacto negativo sobre 
                                                 
3 Creemos que la visión de Khor representa en forma bastante fiel los análisis “tercermundistas” que se 
producen en América Latina a pesar de no provenir del continente. 
 13 
 
 
 
la balanza de pagos. En todo caso, dicho impacto se debería atenuar a través de otras 
políticas públicas que fomenten la competitividad del capital nacional y la conservación 
de los valores tradicionales del consumo. 
 
El capital no es una masa gelatinosa que persigue la mayor rentabilidad al nivel 
mundial y se reinvierte estrictamente donde se dan las mejores oportunidades. En el 
mundo de las empresas transnacionales, como lo ha mostrado Dunning existen otros 
factores, como las ventajas propietarias de la empresa, las ventajas de localización y las 
de internalización, que son las que se toman en cuenta a la hora de reinvertir (Dunning 
1999). Son atípicos  (aunque existan) los casos en que una empresa transnacional 
instalada en una nación anfitriona invierte en nuevos sectores en los que encuentra 
oportunidades. Por tanto, no es indiferente para el crecimiento de las inversiones de un 
país quien se quede con la utilidades. Un empresario nacional tenderá a buscarlas dentro 
del terreno donde conoce más: en su propio país4. Por tanto, el desarrollo de la empresa 
local tiene una importancia vital a la hora de incidir sobre el crecimiento económico de 
una nación. Visto desde otro ángulo, la capitalización de utilidades constituye una fuente 
importante de toda nueva inversión, como lo ha mostrado el informe Comercio y 
Desarrollo 1997 de la UNCTAD. Por tanto, la presencia de una masa de utilidades en 
manos de empresarios nacionales dinámicos puede tener efectos multiplicadores sobre la 
economía. 
 
La literatura existente no abona el terreno de que la IED sea buena o mala. Parte 
de ella arroja también notas precautorias. Agosin y Mayer, de la Universidad de Chile 
elaboraron un modelo econométrico para los años 1970-1996 en el que llegan a la 
conclusión de que en América Latina la IED puede haber desplazado inversión nacional 
(crowding out), contrario a lo que ocurrió en varios países asiáticos, donde la IED ha 
promovido al capital doméstico. Estos autores separaron el período en dos partes (1976-
85 versus 1986-1996) y llegaron a conclusiones similares (Agosin y Mayer 2000). En 
palabras simples, la inversión extranjera crecía más rápidamente que la inversión 
nacional, en tanto que la liberalización no alteró sustancialmente este patrón de 
comportamiento. Los autores consideran que la selectividad de las inversiones extranjeras 
constituye un factor importante para reafirmar los impactos positivos (crowding in). 
Empero, no recomiendan poner en práctica reglamentaciones de screening (selección y 
filtraje legal)5, debido al mensaje negativo que arrojan, así como a la falta de capacidad 
                                                 
4 Esto es cierto sin perjuicio de que también el empresario local puede estar buscando oportunidades 
rentables en el exterior o incluso inversiones complementarias con la suya por razones de control de 
mercados. 
 
5 El screening es un proceso de filtraje por el cual un inversionista extranjero debe solicitar formalmente un 
permiso para invertir. En general éste se otorga en la medida en que la empresa posea alguna de las 
cualidades importantes requeridas por la política económica del país. Es importante tener claras dos 
situaciones a menudo mal entendidas. En primer lugar, los partidarios del screening suelen argumentar que 
es necesario verificar que la empresa extranjera cumpla con las reglamentaciones internas de tipo general 
(por ejemplo ambiental). Empero, esta obligación debería existir para todas las inversiones, por lo que el 
examen, orientado hacia el filtraje, o lo que se percibe como tal, puede tener más implicaciones negativas 
que positivas. En segundo lugar, hay países donde el filtraje se supone que es simplemente protocolar, pero 
 14 
 
 
 
en los países en desarrollo para tales menesteres. Más bien proponen orientar la 
promoción hacia empresas que cumplan con las expectativas del proceso de desarrollo 
económico. 
 
Pero todo lo anterior no significa que deba restringirse la IED. Los tiempos del 
screening han pasado, porque también ha perimido –en rasgos generales- la ventaja que 
otorgaba la protección arancelaria, que hacía beneficiosa para la empresa transnacional 
cualquier tipo de inversión para el mercado interno. La etapa actual es de lucha por atraer 
inversiones. Por tanto, el punto central de nuestra discusión no debería ser como 
“regularlas”6, sino como atraerlas sin perder la capacidad de disponer de políticas 
públicas (promocionales, en el sentido más amplio que se le pueda dar a esta expresión), 
que potencien sus impactos y a la vez permitan alentar a los empresarios nacionales y 
mejorar el bienestar de la sociedad. 
 
Además de abrir nuevos mercados a la inversión extranjera,  América Latina,  
también generó condiciones legales, administrativas y promocionales que favorecen la 
atracción de inversión extranjera.  En todos los países de la región se aplica el principio 
de trato nacional al capital extranjero, y en casi todos  se eliminó la autorización previa 
para la inversión, que sólo se mantuvo para casos específicos. Con algunas excepciones y 
consideraciones, se eliminaron disposiciones que condicionan la remisión inmediata y sin 
límites del monto sobre las utilidades y el capital.  Asimismo, prácticamente se 
eliminaron requerimientos  de desempeño para las empresas.  En la mayoría de los países 
el sistema tributario se simplificó, se generalizó el impuesto al valor agregado y se 
eliminaron muchas excepciones.  Es común ver en los países de la región la presencia de 
regímenes que promueven el establecimiento de la inversión extranjera en sus territorios. 
Estos programas utilizan incentivos fiscales, financieros y arancelarios, entre otros, como 
forma de hacer atractivo su país, aunque en lo formal no hagan diferencias entre 
empresarios nacionales y extranjeros.  Los regímenes de zona franca de procesamiento 
para exportación son un buen ejemplo. También los países han complementado sus 
legislaciones nacionales sobre inversiones con la firma de convenios internacionales 
bilaterales, multilaterales y regionales que dan garantía y protección a los inversores. La 
mayoría de los países se adhirió a sistemas internacionales de garantías como OMGI  y 
CIADI (véase en la página siguiente).  
 
Sintetizando, algunas de las razones que explican el comportamiento tan 
significativo de la inversión extranjera directa en América Latina son: 1) la vuelta  a la 
democracia de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y el fin de la guerra fría; 
                                                                                                                                                 
aún así, la imagen de una empresa presentando cantidades de papeles ante una comisión que muchas veces 
no entiende su cometido puede ser contraproducente para la promoción de las inversiones. En América 
Latina se asocia todavía el funcionamiento de estas comisiones a la apertura de posibilidades de corrupción. 
 
6 En esta frase, cuando hablamos de regular empresas, lo hacemos en el “peor” sentido de la palabra, esto 
es decidir quien entra y quien no, bajo que condiciones y compromisos. Esto no excluye la presencia de 
reglamentaciones que debería cumplir todo inversionista (laborales, ambientales, impositivas, sanitarias, 
culturales, de seguridad, etc.) 
 15 
 
 
 
(estos hechos de carácter político establecen una atmósfera de estabilidad social, y 
disminuyen la xenofobia hacia el inversionista extranjero);  2) la crisis de la deuda 
externa, que le impide a los gobiernos operar basándose en endeudamiento;  3) la nueva 
estrategia basada en la promoción de las exportaciones, con incentivos bastante visibles; 
4) la ola de procesos de privatizaciones y de acceso a sectores productivos o de servicios 
que estaban vedados hasta ese entonces a la inversión extranjera o al sector privado en 
general (por así decirlo, se crearon nuevos mercados para la inversión extranjera, nada 
despreciables en términos de sus dimensiones);  5) el aumento que ha tenido la 
rentabilidad de la inversión extranjera producto de las mejores condiciones de inversión y 
competitividad.   (Ver cuadro anexo 7);  6) las nuevas políticas económicas de 
regionalismo abierto han integrado aun más los mercados: NAFTA y MERCOSUR   son 
los nuevos grandes mercados por excelencia y, como lo mencionábamos anteriormente, 
quienes naturalmente atraen mayores volúmenes de IED. Desde este punto de vista 
ALCA  viene a consolidar esta tendencia y a establecer un mercado hemisférico de 700 
millones de consumidores.  
 
 
 
Recuadro 1 
¿Qué son CIADI Y OMGI (MIGA y ICSID) 
 
El Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o 
ICSID por sus siglas en inglés) es una facilidad establecida por el Banco Mundial 
para efectos de solución de disputas y arbitraje con respecto a inversiones entre 
particulares y estados de diferentes nacionalidades. Basado en un convenio 
internacional abierto a la firma de los países desde 1965 tiene por objeto las reglas 
procesales para conciliación y arbitraje. Es importante tener en cuenta que aunque 
un estado haya firmado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, este no adquiere de 
manera automática la obligación de someter ninguna diferencia determinada a 
conciliación o arbitraje, a no ser que medie su consentimiento. A fines de 1999 lo 
habían ratificado 131 países. 
 
La Organización Multilateral para la Garantía de la Inversiones (OMGI o 
MIGA por sus siglas en inglés) es otra facilidad del Banco Mundial para asegurar 
inversionistas extranjeros contra riesgos “no-comerciales” en países en desarrollo. 
Esta agencia permitiría a países considerados riesgosos, principalmente desde el 
punto de vista político, promover las inversiones extranjeras en su país.  
 
En ambas instituciones tienen primacía las leyes nacionales del Estado 
donde se está realizando la inversión y lo que determinan en casos de conciliación y 
arbitraje o compensación,  es si se han adoptado correctamente. En todo caso, es 
pre-requisito para estar adscrito a OMGI el haber firmado al adhesión a CIADI. 
 
 
 16 
 
 
 
 
Podemos decir que las políticas de apertura y atracción de la inversión extranjera 
han servido y se refleja en términos generales en las cifras globales de los flujos de IED 
hacia la región en el decenio 1990. También podemos apuntar a que este tipo de flujos de 
capital es más estable y tiene menos repercusiones sobre la balanza de pagos. Y que 
habrá que darle un tiempo para ver como esta inversión repercute en la eficiencia, y 
adquisición de tecnologías en estas economías. 
 
No obstante, quedan una serie de interrogantes que es importante señalar. Como 
se vio anteriormente, el porcentaje de las privatizaciones en el total de IED es bastante 
elevado y éstas no van a continuar a ese ritmo en el futuro próximo.  Quedan las 
preguntas  de si con ello disminuirá drásticamente la IED hacia América Latina y el 
Caribe  y de ser así, cuales pueden ser las consecuencias de ello. Por otra parte, hay 
bastantes y bien fundadas dudas acerca de los procesos de privatización y la eficiencia 
posterior de las ex-empresas estatales.  
 
Viendo el comportamiento de las exportaciones hemisféricas y el énfasis de la 
IED hacia el sector servicios, pareciera que no hay que dar por un hecho una relación 
estrecha entre IED y exportaciones, pudiendo esto generar problemas de balanza de 
pagos para estas economías, por el endeudamiento, la repatriación de utilidades, la 
disminución de los precios de los productos primarios y el aumento en las importaciones.   
 
Otro aspecto al cual hay que ponerle atención es el comportamiento  de las 
transferencias netas, que compara las entradas de IED con los pagos en el extranjero 
como repatriación de ganancias, desembolsos por licencias remesas de sueldos y salarios, 
e  intereses de los préstamos netos de las compañías matrices a sus filiales. Para el caso 
de los países en desarrollo como lo muestra el cuadro del anexo 8 es hasta la década de 
los noventas que las transferencias netas son positivas, y no se debe a que  las remesas de 
utilidades hayan disminuido; todo lo contrario crecieron a una tasa media del 10 por 
ciento entre 1988 y 1998 (UNCTAD, 1999c). Lo que hizo que se volvieran positivas fue 
el crecimiento de la entrada neta de IED. Pero si este comportamiento de la IED no se 
sostiene, puede traer problemas de balanza de pagos, entre otros. Este problema se hace 
grave cuando se trata de empresas extranjeras que producen para el mercado interno en 
condiciones monopólicas. Estas obtienen una renta extraordinaria sin el arbitraje del 
mercado, que al ser transferida hacia el exterior genera una pérdida de divisas que lleva a 
la depreciación de la moneda local o a la tendencia recesiva, pero en todo caso, inciden 
sobre los ingresos de la población. La flexibilidad laboral buscada por los empresariados 
en la región es la contracara de este fenómeno.  
 
Por último surge la pregunta si América Latina y el Caribe necesitan de una 
legislación y programas de atracción de inversiones más ambiciosos de los que ya existen 
y si estos son una condición necesaria para que continúe este comportamiento del flujo de 
IED hacia la región.  Los países de América latina y el Caribe han hecho cambios 
importantes en su legislación creando condiciones amigables y garantías a la inversión 
extranjera, y, como se dijo anteriormente, esto ha creado condiciones favorables para la 
 17 
 
 
 
IED que se han traducido en hechos. Sin embargo viendo la concentración de estos flujos 
queda claro que de entre las distintas razones que tiene la IED para establecerse en un 
país se ha privilegiado las dimensiones del mercado a pesar de la inestabilidad económica 
que estos países han presentado. Si para el caso de las economías pequeñas lo que más 
determinará la decisión de establecerse en una de ellas es el acceso a ciertas materias 
primas, pareciera que aquí también el marco legal no es requisito esencial para que la 
inversión extranjera se establezca en esa economía, por supuesto partiendo del hecho que 
ya existe una legislación y  garantías que satisfacen unas condiciones mínimas. Siendo 
esto así, cuánta energía y énfasis los países de la región -sobre todo los pequeños- deben 
de dedicarle a una legislación hemisférica en el campo de la inversión que los obligue a 
darle mas concesiones de las necesarias a la inversión extranjera con el alto costo que 
esto puede significar para estos países? 
 
Es claro que el actual comportamiento de los flujos de IED no está beneficiando a 
las economías pequeñas (en el sentido de panacea) y un acuerdo como el ALCA  puede 
beneficiar a estos países al menos al no tener que discriminarlos por la dimensión de sus 
mercados, porque se podrá llegar a todas partes de la región desde cualquier economía.  
Pero el costo que deben asumir estos países por eso no está del todo claro y dependerá de 
cómo se plantee la negociación en su conjunto. Un acuerdo sobre inversiones  debe verse  
en un contexto más amplio junto a temas como servicios, políticas de competencia, 
agricultura y acceso a mercados, y debe establecerse un adecuado balance en la 
negociación que permita que haya ganancias para todos y no la profundización de una 
segmentación hemisférica que en el largo plazo solo trae desigualdad e inestabilidad.  
 
 
4.- Las inversiones en el GATT y la OMC 
 
 
 El viejo GATT no tenía, en sentido estricto, disposiciones en materia de 
inversiones. De hecho, el Artículo 2 que se refiere al Trato Nacional, lo hace en el 
contexto de importaciones de bienes. Se entiende por “Trato Nacional” que una vez que 
el bien extranjero haya pasado las barreras de frontera, no deberá estar sujeto a ninguna 
reglamentación o carga tributaria diferente de los bienes equivalentes, a fin de proteger la 
producción nacional. Esta medida es totalmente legítima desde el punto de vista 
comercial en la medida en que en el GATT se negociaba la reducción de las barreras de 
frontera, las que debían de ser transparentes. Se entendía que imponer una carga interior 
superior o más compleja para el bien importado que para el nacional equivalía a instalar 
una barrera a la importación, adicional a la que se había negociado. 
 
 En el Acta de Marrakesh que dio fin a la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Multilaterales en abril de 1994 se incluyó el Acuerdo sobre las medidas en materia de 
Inversiones relacionadas con el Comercio. Este no forma parte del “GATT de 1994”, 
pero sí pertenece al conjunto de resultados suscritos por todos los miembros que luego 
entrarían a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
 18 
 
 
 
 Es importante comprender  el alcance de dicho Acuerdo para en los apartados 
siguientes conocer qué es lo que se agregó luego en el  Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), se propuso en el Acuerdo Multilateral de Inversiones de la 
OECD (MAI) y en los Tratados Bilaterales de Inversiones (BIT). 
 
 En toda esta materia hay un contraste conceptual básico que deberemos tener 
siempre en mente: se trata de distinguir: i) aquellos acuerdos de inversiones que tienen el 
objetivo de liberalizar los flujos de capital entre países, de este, ii) que tiene por objetivo 
regular aquellas políticas públicas aplicadas a las empresas extranjeras con el objeto de 
alterar los flujos de comercio. Por ejemplo, si un país no permite el ingreso de una 
determinada empresa transnacional para producir en su territorio, esta acción no sería 
objetable dentro de la OMC, dado que no ha sido negociado el acceso de las inversiones; 
en otras palabras, no es materia del Acuerdo. En cambio, si el país anfitrión permite la 
entrada de un inversionista extranjero atado a la condición de exportar –digamos- un 40 
por ciento de su producción, estaría utilizando la IED para fomentar artificialmente las 
exportaciones y por tanto no estaría permitido. 
 
 El Acuerdo reitera la vigencia del Artículo III del GATT sobre Trato Nacional (en 
su contexto original: aplicado al comercio de bienes). Empero, no contiene la cláusula de 
la Nación Más Favorecida (NMF) para inversiones, ni el Trato Nacional para la IED. Por 
tanto, cada miembro de la OMC es libre de permitir un acceso diferenciado de capital 
extranjero, así como imponer a la empresa extranjera un régimen tributario más oneroso, 
o requisitos de permanencia7. Además, nada impide que una nación anfitriona brinde 
incentivos solamente a las empresas locales. De hecho, resulta interesante recordar que el 
viejo GATT tiene aún la cláusula vigente (Artículo III:8:b) que se refiere a la posibilidad 
de que un país entregue incentivos a los productores nacionales y no a los extranjeros. Es 
importante resaltar esta disposición teniendo en cuenta que –como se verá más adelante- 
los nuevos acuerdos sobre inversiones no contienen dicha reserva, al proclamar el “Trato 
Nacional” para los inversionistas extranjeros (esto es, del o los países con los que se 
firma el tratado). 
 
 Entonces, ¿qué es lo que sí contiene el Acuerdo de referencia? Fundamentalmente 
la prohibición de aplicar, como condición para permitir la inversión, “requisitos de 
desempeño” relacionados con el comercio, los que se entienden incompatibles con el 
Acuerdo. Estos requisitos de desempeño, denominados “medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio” o MIC se establecen por la vía ilustrativa de un 
Anexo. En breve síntesis, las medidas prohibidas son: 
 
§ Obligación de comprar insumos nacionales. 
§ Restricción a la cantidad de insumos que se pueden importar como proporción del 
producto (que equivale a lo anterior). 
                                                 
7 Esta situación es diferente para el caso de los Servicios, dado que muchos de ellos dependen de la 
presencia física de la empresa proveedora en el país. El principio es que no se podría abrir el mercado en 
materia de servicios que requieren la presencia local de la empresa extranjera que los provee sin permitir la 
entrada de la empresa. 
 19 
 
 
 
§ Obligación de exportar. 
 
Obsérvese que en los casos de empresas que tienen incentivos para exportar no 
están cubiertas por estas restricciones en la medida en que el gobierno no cuestiona su 
ingreso al país. Más bien orienta los incentivos, sea la empresa nacional o extranjera, a la 
condición de exportar8. 
 
Esta clase de compromisos no afecta a todos los países en desarrollo por igual. 
Solamente 25 han notificado que mantienen medidas de este tipo (UNCTAD 2000a:47), 
aunque se piensa que existen medidas similares en otras naciones, las que no han sido 
notificadas9. Los países más pequeños no suelen adoptar este tipo de políticas porque  los 
requisitos de desempeño suelen ser manifiestamente no sustentables, debido a las masas 
críticas de compra de insumos locales o a la propia necesidad de las inversiones. En 
cambio, para países en desarrollo con mercados internos grandes la realidad es bastante 
diferente. Los requisitos de desempeño para las inversiones extranjeras constituyen un 
valioso elemento de política industrial. Así pudo México construir una poderosa industria 
automotriz y asociarla con autopartes de producción local.  
 
Desde el punto de vista estrictamente lógico-conceptual hay un punto a favor de 
quienes se oponen a estos requisitos. Si se negoció un arancel de 10 por ciento para las 
importaciones de asientos para automóviles y luego se acepta una inversión extranjera en 
la producción de los vehículos con la condición de que dicha parte sea local, el arancel 
negociado no sería efectivo. Por tanto, resulta difícil sostener esta posición a largo plazo. 
Además, constituye un principio formulado en el viejo GATT, en al artículo III:5. El 
Acta de Marrakesh estableció un plazo para que los países en desarrollo eliminen estos 
requisitos para fines del año 2000, teniendo los países menos desarrollados un plazo de 
dos años adicionales. 
 
En el mismo artículo donde se estableció el plazo para su eliminación, también se 
consideró que el Consejo del Comercio de Mercancías podrá, previa petición, prorrogar 
el período de transición para la eliminación de las MIC notificadas en “el caso de los 
países en desarrollo...que demuestren que tropiezan con dificultades para la aplicación de 
las disposiciones del presente Acuerdo”. Para examinar la petición se tomarán en 
consideración “las necesidades individuales del Miembro de que se trate, en materia de 
finanzas, desarrollo y comercio” (Arto 5:3). 
 
                                                 
8 Claro está que dependiendo de la legitimidad de los incentivos estos pudieran ser objetados como 
subsidios prohibidos, pero esta cuestión no está relacionada por ahora con el tema de las inversiones. 
 
9 La falta de notificación en las negociaciones o luego de ellas,  constituye un riesgo que debiera ser 
calculado por los países que así lo hacen. Una interpretación es que si no se presentaron formalmente y 
caen dentro del espectro de medidas prohibidas, deberían ser eliminadas en forma inmediata. 
 
 20 
 
 
 
Obviamente, la puerta quedó entreabierta para solicitar la prórroga10, pero como 
se observa, los criterios son lo suficientemente ambiguos como para dejar implícito que 
toda extensión del período formaría parte de algún tipo de compromiso. Además, no se 
deja abierta la posibilidad de incluir nuevas iniciativas, por ejemplo la aceptación de 
inversiones extranjeras sobre la base de contenido regional. 
 
Nueve países miembros de la OMC han solicitados extensiones; la mayoría se 
refieren a la industria automotriz: Argentina, Colombia, Chile, Filipinas, Malasia, 
México, Rumania, Pakistán y Tailandia. Habría un posible consenso de extenderla para 
los nueve hasta el 31 de diciembre del 2001, lo que implicaría dos años. Podría haber una 
siguiente extensión por otros dos años, pero negociada sobre una base individual.  
 
Como parte de una agenda de continuidad en la discusión de este Acuerdo, se 
estableció en el último artículo (9) que a más tardar para fines del año 2000 el Consejo 
del Comercio de Mercancías de la OMC examinaría su funcionamiento, proponiendo 
modificaciones, las que podrían “complementarse” con disposiciones en materia de 
inversiones (esto es acceso) y competencia. 
 
 
 
5.- Los tratados bilaterales de inversión (BITs). Una nueva etapa de la discusión 
 
 
 Los tratados bilaterales de inversión pertenecen conceptualmente a una serie 
distinta al Acuerdo sobre las medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio que existe al amparo de la OMC. La distinción fundamental radica en el 
objetivo de los BITs que es el de “estimular los flujos de capital privado”, frente al 
Acuerdo correspondiente de la OMC donde el objetivo es “promover la expansión y 
liberalización progresiva del comercio mundial y facilitar las inversiones...” En otras 
palabras, el objeto de los BITs son las inversiones en sí, en tanto que para el Acuerdo de 
la OMC son los aspectos comerciales de las inversiones. Por tanto, podemos decir que 
para los BITs existen dos temas centrales: a) acceso para los inversionistas y b) 
seguridades y garantías (incluyendo los mecanismos de solución de disputas). Veamos 
algunas características importantes de los BITs11. 
                                                 
10 En el caso de México se ha señalado que el período de transición del TLCAN es más amplio que el de la 
OMC, lo que constituye un indicador de lo mal que se negoció en este último caso. 
11 Hacia marzo de 1999 Estados Unidos tenía 44 BITs firmados (de un total mundial de 1,700, según 
UNCTAD 1999a:33), aunque no todos ratificados por los respectivos congresos nacionales. Existen 
situaciones como la de Nicaragua que lo firmó el 1 de julio de 1995, pero no ha sido presentado ante el 
Congreso de los Estados Unidos debido a los conflictos por la compensación de las expropiaciones y 
confiscaciones a ciudadanos estadounidenses durante la década de los ochentas. Nótese de pasada, que de 
Acuerdo a la Convención de Viena sobre los Tratados, estos no son retroactivos. Por esta razón, los 
negociadores estadounidenses no tuvieron problemas en firmar el documento final, en la medida en que 
solo rige hacia delante. Empero, en el Congreso no lo ratificarían hasta que no se solucionen los conflictos 
pendientes sobre propiedad. En la fecha mencionada, Estados Unidos tenía 9 acuerdos firmados en el 
Hemisferio occidental con: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua 
 21 
 
 
 
 
§ Mientras que el Acuerdo de la OMC no contiene una definición de inversiones, por lo 
que queda sujeto a legislaciones nacionales, los BITs contienen una lista extensiva 
que abarca en los hechos cualquier activo en propiedad de un ciudadano extranjero en 
el país anfitrión: a) empresas, b) acciones, c) derechos contractuales, d) propiedades 
tangibles y no tangibles, e) propiedad intelectual, f) otros derechos conferidos de 
acuerdo a la ley (licencias, permisos). Las definiciones nunca son neutrales sino que 
definen el alcance de los instrumentos legales (UNCTAD 1999a:55). Además de los 
casos de empresas transnacionales, cualquier conflicto por una propiedad individual o 
cualquier derecho de un extranjero, puede ser objeto de este Tratado. También debe 
tenerse en cuenta que, a diferencia de otros tratados similares con otros países, donde 
se habla de “inversiones registradas” o “transferencia de recursos para inversiones”, 
en el caso de los BITs no es necesario comprobar que ha habido un flujo inicial hacia 
el país anfitrión para estar cubierto por el Tratado12. 
 
§ A diferencia del Acuerdo de la OMC, en el caso de los BITs se adjuntan en 
combinación la obligación del “Trato Nacional” y de “Nación más Favorecida” para 
las inversiones: el que sea más favorable. Esta expresión asegura que en caso de que 
una empresa de un tercer país obtenga un mejor trato que una nacional, este trato 
debería extenderse también a la del otro país firmante. Lo mismo rige para las 
empresas estatales. 
 
§ El BIT cubre a toda inversión de ambas naciones en el territorio de su asociada, con 
una lista de excepciones que se ubican en un anexo y que en general cubren a aquellas 
empresas cuya propiedad estatal o en manos de nacionales existe por mandato 
constitucional o leyes difíciles de alterar. Por ello es que decimos que es un tratado 
que –entre otras cosas- asegura el acceso a los inversionistas. 
 
§ El BIT, a diferencia del Acuerdo de la OMC prohibe la expropiación o 
nacionalización directa o indirecta a través de medidas que equivalen a la 
expropiación o nacionalización, excepto para propósitos públicos. En otras palabras, 
se reconoce la posibilidad de la expropiación por interés público, de acuerdo a la 
legislación de cada país. Empero, se extiende el concepto de “expropiación” a 
cualquier equivalente indirecto13. Sobre este tema abundaremos en el apartado sobre 
el TLCAN que es donde ya se han desatado controversias en esta materia. Por ahora 
basta adelantar que una expropiación indirecta puede ser cualquier cambio en las 
                                                                                                                                                 
y Panamá. En este texto, estamos utilizando para comentarios el Tratado firmado con El Salvador, 
disponible en la página web del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). 
 
12 Cualquier propiedad de un trabajador migrante estadounidense adquirida con su trabajo en el país 
anfitrión o con un crédito bancario local queda cubierta por el Tratado. Lo mismo ocurre si el ciudadano del 
país anfitrión se nacionaliza estadounidense, aunque su derecho de propiedad haya sido adquirido durante 
la vigencia de su ciudadanía original. 
 
13 Como se comentó más arriba, dada la amplitud del concepto de inversión en los BIT, el ámbito del 
concepto de expropiación, ya sea directa o indirecta,  es sumamente amplio. 
 22 
 
 
 
condiciones reglamentarias que restrinja la rentabilidad y por tanto la viabilidad de un 
proyecto después de realizado (aumento de impuestos, reglamentaciones sanitarias, 
ambientales, restricción del área de explotación, etc.). En el caso particular de que 
una nación aumente los impuestos, las autoridades hacendarias de ambos países 
deberán primero tratar de ponerse de acuerdo acerca de si en realidad se trata de un 
equivalente de expropiación. Si la respuesta es negativa, la empresa extranjera no 
podrá ejercer ningún recurso contra el país anfitrión. 
 
§ Se agregan disposiciones sobre la compensación, que debe ser “inmediata, adecuada 
y efectiva”. 
 
§ También se obligan la partes a permitir el libro flujo de todo tipo de capitales, 
incluyendo intereses y regalías, entre otros. 
 
§ A la lista de requisitos de desempeño prohibidas por el Acuerdo sobre Inversiones de 
la OMC se agregan la obligación de transferencia de tecnología y requisitos con 
respecto a llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en el país anfitrión. 
 
§ El BIT permite en cambio que una parte exija requisitos especiales de desempeño 
cuando otorga una ventaja especial a una empresa. Está en la misma tradición del 
GATT y de la OMC. Pero aún así debería hacerlo bajo la condición de trato nacional. 
Por ejemplo, una exoneración de impuestos para la producción de cebollas bajo la 
condición de que se exporten o de que compartan su tecnología, puede ser solicitado 
solamente por los productores de cebollas. Pero si la empresa extranjera califica como 
cebollera y desea beneficiarse de la exoneración de impuestos, deberá sujetarse a los 
requisitos de desempeño, esto es a exportar y/o a transferir tecnología. 
 
§ Debe tenerse presente que las disputas en el caso del BIT se dan entre particulares (el 
inversionista o la empresa) y estados. Para ello, luego de instancias de arreglos 
previos el particular (a su opción) puede recurrir a) a las cortes del país anfitrión, b) a 
cualquier otro esquema que hubiera sido acordado previamente, c) al Centro para el 
Arreglo de Disputas de Inversión de la Convención ICSID (Convención sobre el 
Arreglo de Disputas entre Estados y Nacionales de otros Estados, de Washington 
1965)14, d) a la facilidad existente cuando un país no es miembro de la ICSID 
establecida por el mismo Centro, e) a las reglas de arbitraje de UNCITRAL (que es 
más comercial que de inversiones), f) cualquier otro acordado por las partes. Esto 
significa un salto enorme desde la época de vigencia de la doctrina Calvo, aplicable 
en América Latina por lo menos hasta la década de los años sesentas que sostenía la 
primacía absoluta de las leyes nacionales del país anfitrión ante cualquier diferendo 
contractual entre una empresa extranjera y el estado del país anfitrión. 
 
§ El BIT tiene una validez inicial de diez años, luego de los cuales existen 
procedimientos para cancelarlo. 
                                                 
14 Véase el Recuadro 1. 
 23 
 
 
 
 
§ No se establecen sanciones cruzadas, más allá de los compromisos de aceptar los 
arbitrajes. 
 
Desde un punto de vista práctico para los países latinoamericanos y del Caribe, el 
BIT tiene como propósito central otorgar el visto bueno para los inversionistas 
estadounidenses en los casos en que los países tengan serios problemas de imagen. Más 
allá de estos problemas, significan una “discriminación al revés”, en contra de las 
empresas nacionales. Durante los años de la sustitución de importaciones muchos países 
del Hemisferio impusieron condiciones a las empresas transnacionales para permitir su 
ingreso al país. Se destacaba en particular las duras condiciones mexicanas, que iban 
desde todos los requisitos de desempeño (componentes nacionales, exportaciones, 
transferencia de tecnología) hasta los de designar directores nacionales en las Juntas 
Directivas de las compañías y también transferencia de propiedad al cabo de cierto 
tiempo. Con el tiempo, como diría Soros, el péndulo no solo se volvió para el otro lado, 
sino que comenzó a actuar como una bola de demolición. En efecto, bajo las condiciones 
del BIT, un extranjero tendría más recursos frente al estado que un nacional. Lo lógico 
sería que el extranjero pudiera recurrir a la solución internacional de conflictos 
solamente cuando pueda demostrar que fue discriminado por el hecho de ser de otra 
nacionalidad y no sustraerse a la justicia local, sea esta buena o mala.  
 
 
6.- Los objetivos ambientales y la relación inversión-ambiente 
 
6.1 Economía y ambiente 
 
Durante los primeros años del desarrollo de las economías de mercado la 
preocupación se centraba en la generación de riqueza a partir del mejor uso de los 
factores escasos capital y trabajo.  Los recursos naturales eran abundantes o bienes libres 
y el impacto de la producción y consumo (por ser relativamente bajos) no eran 
contemplados como una amenaza y las restricciones de tipo ambiental no eran 
consideradas en el análisis económico.  Hoy día la situación es otra, dado el aumento tan 
considerable de la población mundial, el crecimiento de las ciudades y los avances 
tecnológicos que permiten una explotación mucho más intensa de los recursos naturales 
y, sobre todo, los impactos de los residuos y desechos de la producción y consumo han 
llegado a volúmenes tan importantes que ponen en peligro los equilibrios ambientales y 
la sostenibilidad de los ecosistemas.  Todo esto obliga a interiorizar el costo ambiental en 
los costos de producción, con repercusiones importantes en la competitividad y márgenes 
de ganancia de las empresas.  Es comprensible entonces que las empresas presenten 
reservas ante nuevas exigencias ambientales porque las obliga a replantear sus estrategias 
empresariales y el costo de sus actividades.   
 
 Uno de los grandes aportes de la visión del desarrollo sostenible, es el esfuerzo 
por integrar elementos o componentes del desarrollo que hasta ese entonces se 
encontraban desarticulados.  Este concepto se orienta al largo plazo y busca 
 24 
 
 
 
compatibilizar el crecimiento económico con la protección ambiental, y los aspectos 
sociales.  Esa aspiración integradora es su fortaleza y debilidad.  Fortaleza en la medida 
en que aspira a una visión integral y obliga a la compatibilidad de los diferentes 
componentes del desarrollo, reconociendo su interdependencia.  Debilidad en cuanto a 
que se ve obligada a asociar muchos elementos, haciendo difícil la tarea conceptual y la 
coordinación de esos distintos aspectos en un esfuerzo mancomunado. 
 
Esta noción ha evolucionado desde el Informe Bruntland de 1987, y, más 
importante aún, ha aumentado la conciencia  y preocupación de los ciudadanos y 
gobiernos por la relación producción-ambiente, reconociéndola como un problema que 
debe tomarse más en consideración y que afecta la calidad de vida (el ingreso real) y la 
sostenibilidad económica y social.  Este interés se refleja en los acuerdos multilaterales 
ambientales que una gran mayoría de países ha firmado, en el establecimiento de nueva 
legislación ambiental a nivel nacional y regional, y en los esfuerzos de organizaciones 
civiles y sector privado por promover formas de explotación de los recursos naturales y 
uso de tecnologías más amigables con el ambiente.   
 
 En la literatura y en la práctica de las políticas públicas se ha dado una discusión 
en torno a la compatibilidad  entre la utilización del mecanismo del mercado y la 
protección del  ambiente.  Quienes ven esta incompatibilidad señalan que el mecanismo 
de mercado, en muchas ocasiones, no resulta apropiado para realizar una asignación y 
valoración adecuada de los recursos naturales, porque  cuando se trata de asuntos 
ambientales algunos de sus supuestos básicos  como por ejemplo, los derechos de 
propiedad no están establecidos claramente. La utilización de este mecanismo puede 
subestimar el valor de los recursos naturales al no reflejarse en los precios una serie de 
consideraciones no captadas por el mercado. Por otro lado, aquellos que privilegian el 
mecanismo de mercado afirman que en la medida en que el este se perfeccione, la 
tendencia es a un mejor uso de los recursos y, consecuentemente, a un mayor respeto y 
valoración de los recursos naturales y ecosistemas.  Quienes apoyan esta tesis  afirman,  
que en una primera faceta del desarrollo se da una relación positiva entre crecimiento y 
contaminación pero que a partir de cierto momento la relación se revierte, y, a mayor 
crecimiento, menor contaminación (curva invertida de Kuznets)15.  Ellos afirman que la 
intervención estatal -a través de subsidios y otros- distorsiona los precios relativos y 
fomentan el uso y abuso de recursos, con las consecuentes implicaciones ambientales.  
Mas allá de una u otra posición, está claro que el mecanismo de mercado no siempre 
puede ser la solución para el uso apropiado de los recursos naturales, ni –del otro lado- 
que la intervención estatal sea la solución de los problemas.  Se requerirá de un 
                                                 
15 La base de la curva de Kuznets está en el supuesto de que un individuo con mayores ingresos (habiendo 
satisfecho sus necesidades básicas) está en condiciones de volcar más su atención hacia el estado del 
ambiente y demandar mejoras en él. Este concepto se ha transformado en una especie de filosofía de que 
los problemas ambientales se resuelven naturalmente en cada país. La curva de Kuznets tiene varios 
problemas teóricos: i) aún cuando sea cierta, no sirve como argumento de que no es necesario llegar a 
acuerdos para mejorar el ambiente los problemas no se arreglan solos; iii) los umbrales de ingresos bajo los 
cuales el deterioro ambiental se revierte pudieran ocurrir dentro de 30 a 50 años según los cálculos de 
diversos modelos econométricos; iv) no toma en cuenta el daño ambiental que puede ser irreversible; v)  la 
relación no es necesariamente cierta para todas las variables.  
 25 
 
 
 
conocimiento sobre la problemática ambiental y social,  información y datos, pero sobre 
todo del buen tino de quienes puedan determinar cómo y cuándo uno u otro instrumento 
es el idóneo para solucionar problemas.  Igualmente, el mecanismo de mercado no opera 
sobre la nada, sino que se sustenta en una institucionalidad que le da racionalidad a los 
diferentes usos de los recursos.   
 
Como se apuntó en un apartado anterior, con la inversión extranjera directa se 
asocian aspectos positivos que coadyuvan al desarrollo económico:  transferencia 
tecnológica, capital de trabajo, eficiencia, mayor competitividad, aumento de las 
exportaciones.  El reto que tienen ahora las economías, y en particular las 
latinoamericanas, es el de vincular estos aspectos positivos de la inversión extranjera con 
el ambiente.   Debido a la incorporación reciente de los costos y beneficios ambientales 
en los cálculos económicos, debe entenderse este vínculo como un proceso en el cual se 
requiere de la participación y aporte de los diversos agentes económicos.  En forma 
mancomunada, deben ir creándose las condiciones favorables para esta relación positiva.  
El punto de partida que nos hace ser optimistas en cuanto a esta relación de inversiones y 
ambiente para América Latina, es la riqueza natural con que cuenta la región, que con 
sólo el 8 por ciento de la población del mundo posee el 29 por ciento de los recursos 
hídricos renovables, el 20 por ciento del potencial hidroeléctrico, el 23 por ciento de la 
tierra potencialmente cultivable, el 23 por ciento de los bosques y el 46 por ciento del los 
bosques tropicales, el 27 por ciento de la población de mamíferos, el 34 por ciento de sus 
plantas, el 43 por ciento de sus aves, y el 47 por ciento de sus anfibios. (Pratt, 2000.)    
 
El énfasis de la región con respecto al tema ambiental, ha estado 
fundamentalmente centrado en el establecimiento de legislaciones y la preservación de 
los ecosistemas, aspectos que han determinado la dinámica económica y en particular la 
de inversión.  No obstante, el  motor poco a poco deja de ser meramente la regulación 
ambiental, tomando precedencia el desarrollo de mercados, en donde las consideraciones 
ambientales son parte de cómo las empresas nutren sus relaciones con los consumidores, 
proveedores, empleados, inversionistas, comunidades locales, y  medios de 
comunicación.  Esto quiere decir nuevos productos, tecnologías y mercados.  El reto para 
América Latina consiste en redefinir su relación con los recursos naturales, que han sido 
su ventaja comparativa, de tal manera que esta no se circunscriba a la explotación y 
exportación de materias primas, mano de obra no calificada y productos primarios con 
poco valor agregado, y desplazarse a mayores niveles de creación de riqueza mediante un 
desempeño ambiental superior. 
 
Procesos de integración regional, como MERCOSUR, TLCAN, o ALCA, pueden 
crear condiciones favorables de mercado para el desarrollo de nuevos productos y 
servicios con un importante valor agregado, proveniente del campo ambiental.  Por 
ejemplo, en el campo agrícola se espera que la producción orgánica alcance tasas de 
crecimiento del 25 por ciento anuales en contraposición a los alimentos tradicionales, que 
andan alrededor de un 2 por ciento. El ecoturismo, que a pesar de representar el 5 por 
ciento del total del turismo,  aumenta alrededor de un 30 por ciento al año, en 
comparación a un 4 por ciento del turismo tradicional.  (Pratt, 2000) 
 26 
 
 
 
 
Hemos visto cómo la IED hacia América Latina ha puesto un énfasis importante 
en el sector servicios, destacándose el sector energético y telecomunicaciones, por lo que 
es de esperar  que ésta se expanda hacia la energía renovable y la inversión en 
infraestructura en otros servicios como agua, desechos municipales, y otras necesidades 
íntimamente asociadas con el desarrollo urbano.  Es importante asegurar que las 
inversiones en este campo vengan asociadas con nuevos estándares ambientales y 
tecnologías limpias que redundarán en mejores servicios y eficiencias en el largo plazo.  
La venta de servicios ambientales, como fijación de carbono, o biodiversidad constituyen 
oportunidades que de ser negociadas apropiadamente, pueden resultar en nuevas fuentes 
de riquezas para éstos países. 
 
Estas y otras oportunidades que se derivan de la evolución del vínculo comercio, 
inversiones y  ambiente, deben venir acompañadas de los incentivos adecuados por parte 
de los gobiernos y agencias internacionales para acelerar estos procesos, así como 
aminorar  el costo de transición de un esquema, en donde el aspecto ambiental es 
primordialmente un costo más, hacia un esquema de producción en donde es un nuevo 
elemento de valor agregado.  Por ejemplo, un ambicioso sistema de preferencias de 
acceso a mercados de productos que cumplan ciertos requisitos de carácter ambiental, 
puede constituirse en un importante estímulo para los inversionistas.  Igualmente 
subsidios a la investigación y al desarrollo por parte de los gobiernos y agencias 
internacionales hacia las compañías, institutos y centros de investigación, son políticas 
que pueden profundizar esta asociación positiva entre inversión y ambiente.  Es claro que 
este vínculo se sustenta sobre un recurso humano calificado, que pueda explorar 
posibilidades de desarrollo de nuevos productos o tecnologías con mayor valor agregado 
y amigables con el ambiente.  En la medida en que el énfasis se ponga en los aspectos 
positivos de la relación y se creen los incentivos adecuados, lo ambiental se incorporará a 
la forma de hacer negocios y búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en la 
región.  Hoy día nos encontramos lejos de esa meta, pero procesos de integración como el 
ALCA, y otros de carácter sub-regional podrían crear condiciones para alcanzar esos 
objetivos en el mediano plazo. 
 
   
6.2 Inversión y Ambiente en América Latina 
 
 
 Debemos destacar los esfuerzos que en el campo ambiental han realizado los 
distintos agentes económicos, llámense empresas, gobierno y consumidores.  En el 
ámbito empresarial, se han desarrollado programas a nivel de cámaras empresariales 
orientados hacia la protección del ambiente, puesto en marcha procesos de certificación 
como por ejemplo el ISO 14000. En un estudio que hizo la CEPAL para 9 países, éstos 
pasaron de 3 empresas certificadas, en 1995, a 211, para 1999 (Schapper 1999)16.  En el 
                                                 
16 Los procedimientos ISO 14,000 han sido cuestionados como un mecanismo moderno para lavar la cara 
de las empresas, debido a que no son estándares nacionales o internacionales aceptados, sino formas de 
 27 
 
 
 
ámbito gubernamental destaca el incremento de legislación que busca darle un marco 
legal apropiado a los esfuerzos de conservación y protección ambiental.  De los 10 
acuerdos ambientales multilaterales seleccionados por su importancia a nivel mundial, 
solamente en 3 la participación de los países de América Latina y el Caribe es de menos 
de 80 por ciento.  Esto contrasta con un 26 por ciento a principios de los 90 (GEO 
2000:65). También sobresalen los programas de certificación de productos orgánicos o 
amigables con el ambiente, determinados por la demanda e impulsados tanto por el sector 
privado como por los gobiernos.  Por último, cabe resaltar la demanda de los 
consumidores por productos más saludables o producidos tomando en cuenta 
consideraciones ambientales, al igual que la actitud proactiva de organizaciones no 
gubernamentales y otras de la sociedad civil, iglesia, universidades, etc., en defensa del 
ambiente.  
 
En el estudio anteriormente citado sobre los impactos ambientales de los cambios 
en la estructura exportadora para 9 países de A.L y el Caribe para 1980-1995  concluye 
que no hay una relación mecánica simple entre las políticas de apertura y una mayor  o 
menor protección ambiental. Los indicadores presentan una gran heterogeneidad para 
cada una de las economías en estudio y dejan claro que la relación es sumamente 
compleja. No obstante lo anterior, el estudio apunta que el volumen exportado originado 
en sectores con reconocido impacto ambiental como los productos primarios y los 
provenientes de industrias sucias, se ha multiplicado tres o más veces en la mayoría de 
los 9 países. Y agrega que el aparato exportador da señales de que la reasignación de 
recursos tendió, con excepción de México, hacia una especialización mas intensiva en 
recursos naturales (Schapper, 1999). El estudio concluye en la necesidad de 
complementar el proceso de apertura con una política  ambiental respaldada por una 
sólida estructura institucional.  
 
Dada la complejidad de esta relación, se requiere un monitoreo permanente. 
Queda claro que la diversidad de impactos de esta relación en los países y sectores se 
debe en gran parte al marco institucional y legal en el cual se realiza la acción. En un 
estudio realizado por el World Resources Institute sobre la expansión sostenible del 
comercio en América Latina , con relación a uno de los sectores en estudio los autores 
afirman “En la mayoría de los casos, el comercio no conduce directamente al exceso […] 
esta degradación ambiental se produce por la ausencia de medidas de conservación y su 
implementación o porque no se las cumple” (WRI, 1998:34). El estudio en cuestión en 
relación con el sector forestal cita a Bourke de la FAO:    
 
“ El comercio no es el factor predominante en los problemas ambientales, 
pero tampoco está libre de culpas.  Queda claro que el comercio 
internacional no es la causa principal de los factores que sirven de 
fundamento a la deforestación de los bosques de mundo, esto es, presión 
demográfica, pobreza y problemas de tenencia de tierra.  Las medidas 
                                                                                                                                                 
certificar el cumplimiento de los que determina la empresa. Aún así, denotan una positiva preocupación de 
las empresas sobre la materia. 
 
 28 
 
 
 
comerciales tienen su impacto más directo en el flujo de productos a 
través de las fronteras y en los precios, mientras que los problemas 
ambientales más serios no son el resultado de ningún movimiento de 
productos a través de las fronteras.  Por lo tanto, los cambios en los flujos 
del comercio internacional tendrán poca influencia en los problemas.  No 
obstante, las políticas y prácticas comerciales sí tienen consecuencias 
para el medio ambiente; éstas pueden ser tanto positivas como negativas y 
pueden ser encontradas en todas las etapas, desde el bosque hasta el 
consumidor final:  en el bosque, durante el procesamiento, en la 
distribución de la materia prima y los productos, y aún también después 
del consumo (I. J. Bourke, citado en WRI 1998:34) 
 
El reto que el tema inversión-ambiente plantea a los países de la región, es el de 
compatibilizar los principios de libre comercio, de no-discriminación (trato nacional y 
nación más favorecida), eliminación de barreras al comercio (arancelarias y no 
arancelarias) con principios ambientales tales como:  el que contamina paga, el principio 
precautorio, y el de no-disminución de los estándares ambientales existentes.   Además, 
debe existir suficiente flexibilidad para que los gobiernos puedan mejorar sus 
legislaciones ambientales sin que esto signifique una camisa de fuerza por compromisos 
en el campo de la inversión.  
 
 
 
 
 
 
7.- Los desajustes entre inversiones y ambiente en los tratados. La experiencia del 
TLCAN 
 
 
  El objetivo de todo acuerdo consiste en mejorar la seguridad y la confianza entre 
quienes lo suscriben. No obstante en el Capítulo 11 del TLCAN, que trata sobre 
inversiones, la conclusión parece estar en la incertidumbre y falta de predictibilidad y la 
inacción, más que en la parte positiva. Lo peor es que, hay la presunción de que lo que se 
gana en seguridad en el terreno de las negociaciones de bienes y servicios se puede 
perder en las inversiones. 
 
En la literatura sobre inversión extranjera directa siempre se habló del temor del 
inversionista transnacional a ser discriminado por extranjero. La historia del modelo de 
sustitución de importaciones en América Latina avala, de alguna manera, esta pretensión. 
En las economías protegidas detrás de altos aranceles, tipos de cambio múltiples y otras 
barreras y distorsiones, los gobiernos tenían la posibilidad de negociar condiciones con 
las empresas transnacionales. En muchos países los gobiernos decidían arbitrariamente 
qué inversiones podían efectuarse y además les imponían requisitos de desempeño 
(adquisición de insumos nacionales, obligación de exportar, gerencia nacional, 
 29 
 
 
 
transferencia efectiva de tecnología, nacionalización paulatina, entre otros). Por otra 
parte, antes y aún durante la fase de sustitución de importaciones, tenían suma 
importancia las IED para explotar recursos naturales, donde nuevamente, la negociación 
entre la empresa y el estado nacional era vital. 
 
Se supone que al pasar a un modelo de regionalismo abierto, las condiciones para 
el inversionista extranjero y nacional deberían estar equiparadas. Esto se conoce como 
“trato nacional”. No obstante, los nuevos acuerdos sobre inversiones estarían 
introduciendo un nuevo sesgo en contra del inversionista nacional, o si lo prefieren, a 
favor del inversionista extranjero. En efecto, si la empresa transnacional tiene una 
“segunda instancia” internacional donde reeditar, a través del arbitraje, los aspectos 
sustanciales de la decisión del gobierno anfitrión, o/y de un tribunal local, en tanto que la 
empresa nacional no tiene este derecho, estaríamos en una situación de discriminación a 
favor del inversionista extranjero. Un tratado o capítulo de un tratado, que cubra  las 
inversiones proveyendo la posibilidad de arbitraje debería estar limitado a la acusación 
de discriminación en contra del inversionista extranjero y no debería cubrir la parte 
sustantiva de la decisión por la que se busca compensación. Esto es, si las leyes de un 
país son malas (en opinión del inversionista) o ha habido una situación de injusticia, el 
inversionista extranjero sólo podría llevar a un arbitraje internacional la cuestión de si la 
decisión negativa que se desea protestar ha sido causada por discriminación en contra del 
inversionista afectado por ser extranjero17. 
 
Una de las principales preocupaciones, ya existente con el TLCAN y que puede 
ser peor en el MAI u otros acuerdos más nuevos se refiere al entrecruzamiento entre las 
disposiciones sobre comercio de bienes y servicios y las de inversiones. En efecto, 
cualquier medida comercial aplicada por el gobierno, en persecución de sus legítimos 
intereses del desarrollo puede ser desafiada en el contexto internacional por una empresa 
transnacional que opera en el país (o está por entrar) y que decide que la medida 
comercial afecta sus intereses como inversionista. Esta posibilidad abre un nuevo flanco 
de costos y posibilidades de litigio para los gobiernos de los países pequeños. 
 
Toda empresa (nacional o extranjera) debiera tener la protección de las leyes 
nacionales contra medidas absurdas, irracionales o innecesarias que afecten la 
rentabilidad de su inversión. Cuando el cambio en las reglas de juego determina pérdidas 
considerables para una parte del sector privado debería hacerse una revisión de su 
necesidad y de su compensación, si la medida no está debidamente fundamentada. Hay 
aquí dos elementos a tomar en cuenta: a) la necesidad de la medida en función de 
intereses que estaban previamente definidos (antes de la materialización de la inversión), 
b) si amerita o no compensación. Podemos llegar al caso más extremo y absurdo y nos 
                                                 
17 En realidad, la emp resa demandante solamente puede basarse en el acuerdo firmado para lanzarse a una 
solicitud de arbitraje internacional, ya sea el capítulo 11 del TLCAN, un BIT u otro acuerdo. No obstante, 
cuando invoca el artículo 10 del capítulo 11, sobre equivalentes de expropiación a través de cambios 
regulatorios, no parece necesitar demostrar que ha sido discriminada por ser extranjera sino que es un 
derecho automático que tiene por ser extranjera . 
 
 30 
 
 
 
daría qué pensar: una empresa que se localiza en el país para producir trajes cuyo arancel 
es de 30 por ciento. Si este arancel se redujera a cero, la compañía vería afectada 
negativamente su rentabilidad. Obviamente que si está claramente establecido en el 
sistema legal de la nación que la política arancelaria es prerrogativa del estado, quien la 
altera en función de los intereses nacionales, cada inversionista sabe que está corriendo 
un riesgo razonable. Lo mismo debería aplicarse en todos los demás casos. Resulta difícil 
comprender por ejemplo, por qué lo que es admisible en la política arancelaria pueda no 
serlo en la ambiental. Empero, esto es lo que parece estar en discusión. La pregunta es, 
¿dónde termina el riesgo empresarial y comienza la responsabilidad del estado? En 
Estados Unidos hay una línea legal que diferencia el menoscabo de un derecho de 
propiedad para propósitos económicos, de la reglamentación de los impactos sobre el 
ambiente y el público del uso de esa propiedad. La determinación de la existencia de una 
línea demarcatoria no significa que la línea se pueda trazar con facilidad en las 
situaciones concretas (Mann y Von Moltke 1999:39). Lo interesante del caso es que la 
tradición de la ley internacional solamente reconoce el caso de la expropiación directa y 
no de la indirecta (a través de acciones de políticas públicas que van disminuyendo la 
rentabilidad de la empresa)18. Por tanto, la redacción del capítulo 11 del TLCAN (y de los 
BIT y  de MAI) diluye este principio a favor de uno nuevo.  
 
La preocupación ambiental por el hecho de que cualquier reglamentación nueva19 
puede ser equivalente a una expropiación y por tanto congelaría la promulgación de leyes 
y decretos (Mann y Von Moltke 1999) es legítima20. Se sostiene que los cambios en el 
conocimiento preciso de los impactos ambientales, sobre todo los acumulativos, así como 
cambios en la visión social de lo ambiental constituyen la base del progreso de la 
humanidad. Parece sin embargo bastante extremo sostener que la sociedad (el estado) 
pueda cambiar su percepción de lo ambiental y las reglamentaciones, sin compensar al 
inversionista. De hecho, la expropiación directa por interés público es resultado de un 
cambio en la percepción de la utilidad de un determinado activo para el conjunto de la 
sociedad. Por tanto, genera el derecho a una compensación. Este principio general no 
debería cambiar por el hecho de que la expropiación fuera “indirecta”.  
                                                 
18 El planteamiento de la ley internacional, pero también de la ley estadounidense es la de respetar las 
atribuciones del gobierno en materia de políticas públicas. Por tanto, no se cuestionan los motivos (aunque 
eventualmente su justificación pudiera tener alguna influencia sobre el cálculo de la compensación debida) 
sino los efectos de una medida. Esto implica que la legitimidad de un acto gubernamental no impide 
reclamar una compensación, aunque la medida tenga un propósito público indudable. Esta posición en 
general es compartida por los juristas latinoamericanos, de manera que la diferencia entre los distintos 
países podría estar en la jurisprudencia, que ubica la línea demarcatoria para la compensación. Por tanto, su 
aplicación debiera ser nacional y no sujeta a un arbitraje que pudiera manejar criterios diferentes a los 
aceptados dentro del país. 
 
19   Obviamente, si la empresa ha violado de manera explícita las leyes pre-existentes, deberá asumir los 
castigos previstos por ellas. Acerca de esto no hay discusión. 
 
20 Al igual que en algunos países una reclamación legal sobre una licitación pública puede detener por 
tiempo ilimitado las obras necesarias de infraestructura por temor del estado a que en caso de perder la 
demanda o apelación pudiera tener que pagar compensaciones astronómicas. 
 
 31 
 
 
 
 
En el Apéndice se detallan casos de reclamaciones en virtud del Capítulo 11 del 
TLCAN. De 8 casos existentes (tres contra Canadá y contra México y dos contra Estados 
Unidos), hay resultados parciales. El primero es un arreglo extrajudicial entre Ethyl Corp      
donde el estado canadiense terminó pagando $ 13 millones. El segundo fue el primer caso 
resuelto por un tribunal del TLCAN, el de Metalclad Corp. contra el estado de México. 
Resulta preocupante que en ambos casos la tendencia haya sido contra la regulación 
estatal. En ambos casos se trató de una empresa estadounidense reclamando. 
 
No obstante, un principio debiera ser rector de cualquier visión que pueda generar 
controversias y podría servir para proteger al estado contra reclamaciones frívolas. Es el 
principio de “el que contamina paga” (polluter pays principle). Este principio fue 
enunciado formalmente en 1972 por la OECD, por lo que debiera regir, de alguna 
manera, el manejo del tema en los países industriales. De acuerdo a este principio, el 
ambiente es propiedad de la comunidad y quien lo contamine deberá internalizar los 
costos ambientales. Aunque pudiera estar en duda la precedencia de esta disposición 
general, cubriendo todos los casos, ya es alguna defensa21. 
 
Otras propuestas de interés son las de a) analizar la intención explícita o implícita 
detrás de toda nueva reglamentación que pueda afectar negativamente a la empresa y b) 
analizar la pérdida de la empresa frente a la ganancia del estado, si es que resultan 
comparables (UNCTAD 1999a:79). 
 
 
8.- El MAI y su significado para las negociaciones 
 
 
 Las iniciativas orientadas a crear una legalidad supra-nacional en materia de 
inversiones han sido bastante reiteradas, aunque desde ángulos diversos. Por ejemplo, los 
países industriales y algunos países en desarrollo más avanzados han utilizado los 
tratados bilaterales de inversiones para sellar las garantías que cada país en desarrollo 
ofrece a las empresas extranjeras.  
 
 Durante la segunda mitad de los años noventas surgieron dos iniciativas de 
multilateralizar estos tratados. La primera ocurrió en el seno de la OECD a través del 
Acuerdo Multilateral de Inversiones (Multilateral Agreement on Investment, o MAI). La 
idea consistía en que estos mismos países lo suscribieran, para luego dejarlo abierto a la 
adhesión de las naciones en desarrollo. Por una vía separada, algunos países industriales 
lanzaron en 1995 la idea de negociar un Acuerdo Multilateral de Inversiones 
(Multilateral Investment Agreement, o MIA) en el seno de la OMC. Ninguna de las dos 
                                                 
21 En otras palabras, no está claro desde el punto de vista jurídico si la afirmación general de “el que 
contamina paga” puede constituirse en un caso general en el que cualquier disposición reglamentaria 
ambiental nueva fuera vista como un caso de aplicación de este gran principio. Empero, peor es no tener 
nada. Por otra parte, un principio importante en estos casos es el de permitir un período de transición a la 
parte empresarial para acatar íntegramente las nuevas normas. 
 32 
 
 
 
prosperó, pero en el caso del MAI (OECD) se llegó a un texto bastante avanzado a finales 
de abril de 1998. Una fuerte campaña en contra del MAI fue conducida principalmente 
por las ONGs, hasta que en diciembre se decidió interrumpir el esfuerzo luego de que 
Francia decidiera suspender su participación. 
 
En materia analítica siempre nos referimos al MAI (OECD) que es donde existe un texto 
y una fuerte experiencia de negociaciones. Ambas propuestas (la de OECD y en la OMC) 
en la traducción quedan iguales y el espíritu y la parte sustantiva de sus propuestas  eran 
las mismas: a) mayor apertura a las inversiones por medio de los compromisos 
específicos de los países en los sectores cerrados o semi-cerrados, y b) mayores 
seguridades y garantías, para las empresas extranjeras. Empero, una diferencia escapaba a 
muchos analistas. La política de emprendimiento único que rodea todo lo que hace la 
OMC desde la Ronda Uruguay, lleva a que en los casos de disputas falladas a favor de 
una de las partes, esta tiene cierta libertad para ejercer represalias en el sector que mejor 
le parezca. Obviamente que si un país en desarrollo no ha compensado en forma 
satisfactoria a un inversionista del país industrial, éste último no va a expropiar otra 
empresa del primer país, sino que puede suspender concesiones comerciales por un 
monto equivalente. Esta posibilidad se conoce como “sanciones cruzadas” y está vigente 
para casos como incumplimiento de ciertas medidas negociadas en materia de Propiedad 
Intelectual y de Inversiones en aspectos relacionados con comercio. 
 
La suspensión de las negociaciones del MAI constituyó una seria advertencia para 
los países industriales. Por primera vez en la posguerra, los gobiernos de la OECD 
debieron abandonar una negociación económica ante presiones de la sociedad civil. Si 
bien la cuestión es bastante compleja y no se refiere solamente a cuestiones ambientales, 
sino a otras resistencias dentro de los propios países desarrollados (culturales por 
ejemplo), éstas siempre han surgido de la propia sociedad22. También es necesario tener 
en cuenta que las experiencias negativas del TLCAN –sobre todo las incertidumbres 
legales y de políticas que se comentaron anteriormente- han influido bastante en que los 
propios Estados Unidos no hayan insistido mucho en que este debiera ser un tema 
negociado en la abortada “Ronda del Milenio”. 
 
De hecho, en la reunión ministerial de la OMC en 1996 (Singapur), se decidió 
establecer un grupo de trabajo para examinar la relación entre comercio e inversiones23. 
En rigor, el grupo no debería ir más allá del análisis y no representaba un compromiso de 
negociar inversiones en el seno de   una nueva ronda de negociaciones multilaterales de 
la OMC. El grupo está todavía allí y probablemente prosiga sus estudios, aunque no se 
conocen resultados importantes de su labor. 
 
                                                 
22 No hay que confundirse, la sociedad civil actuó ante y por medio de los gobiernos nacionales que 
participaban en las negociaciones y no como un elemento encajado en ellas. 
 
23 El mandato de este grupo de trabajo es bastante amplio e impreciso y está operando como grupo de 
estudio,  recogiendo bibliografía y preparando informes del estado de la discusión al nivel internacional.   
 33 
 
 
 
Las críticas al MAI no se refieren al texto final, el que aún tenía muchas 
incógnitas y posibilidades de transacción entre visiones diferentes, sino al contenido de la 
discusión que se procesó. 
 
Los elementos centrales de los BIT estaban incluidos en el MAI, lo que nos exime 
de gran parte del análisis. Empero, podemos señalar algunos elementos importantes: 
 
o Se aplica trato nacional a las inversiones y NMF, con excepciones individuales a 
determinar. No se determinan compromisos de mayor apertura. Estos debieran 
supuestamente negociarse en futuras rondas. A pesar de que estas primeras 
discusiones sobre el MAI eran entre países industriales, la cantidad de solicitudes 
de excepciones era anormalmente grande, lo que llevaba a pensar que no se 
conseguiría más de lo que ya existía (UNCTAD 1999b:13). 
 
o Habían divergencias con respecto a la posibilidad de diferenciar entre esquemas 
de integración regional y los compromisos multilaterales. Varios países 
consideraban que de esta manera, no tenía mucho sentido todo el esfuerzo 
multilateral. 
 
o Otra propuesta consistía en establecer la excepción cultural para el acceso y el 
trato nacional, lo que incluye aspectos de diversidad del lenguaje. Otros países no 
aceptaban una cláusula general estableciendo este tipo de excepciones, sino que 
debían negociarse individualmente24. 
 
o En materia de requisitos de desempeño, además de los ya expuestos en los BITs 
(esto es, los de OMC, además de transferencia de tecnología, investigación y 
desarrollo, empleo de locales y participación nacional en la propiedad) se 
establecería la prohibición de todo requisito de desempeño de los negociados en la 
OMC, aunque estuviera ligado a incentivos internos. Se consideró la posibilidad 
de aceptar excepciones para proteger el ambiente, así como políticas para 
promover las empresas pequeñas y medianas. 
 
o No quedó clara la situación de los incentivos sub-nacionales, lo que demuestra 
que se trata de un punto débil importante para los países industriales. Por ejemplo, 
no tiene mucho sentido que Estados Unidos o Canadá, con fuertes estructuras 
federativas, se comprometan como gobierno federal a no proporcionar incentivos 
y luego permita que sus estados o provincias lo hagan. 
 
o Aunque no se avanzó en su aprobación, estaba avanzada la idea de una 
disposición rechazando la disminución de los estándares, laborales, ambiental o 
de salud para atraer una inversión en particular. 
 
                                                 
24 La disyuntiva de discutir caso por caso es que se pierde la posibilidad de negociar el principio como tal, 
de manera que se pueda aplicar a cualquier nueva circunstancia en el futuro. 
 34 
 
 
 
o Hubo consenso hacia el final de la anexión de los Lineamientos para las Empresas 
Transnacionales de la OECD serían incluidos. 
 
o Un punto bastante neurálgico se encontró en el hecho de que paralelo a las 
negociaciones del MAI se dieron las disputas entre Estados Unidos y Canadá en 
el TLCAN, particularmente por las expropiaciones indirectas (caso Ethyl), que 
generaron bastante ruido y que fueron probablemente una importante causa de 
llevar a las negociaciones a un callejón sin salida. 
 
 
Si bien habían muchas fuerzas en los países industriales, así como dentro de la 
OMC que consideraban importante un Acuerdo de este tipo (Drabeck 1998), algunos 
aspectos que causaron la detención del proceso fueron:  
 
Þ la reanudación de la discusión sobre la conveniencia de permitir la movilidad 
irrestricta del capital en todas sus formas. Este tema había estado en realidad 
sumergido durante la discusión del MAI. Su contradicción es que si bien algunos 
países consideran importantes los beneficios que aporta la IED a los anfitriones, el 
MAI y también los BIT consideran los movimientos libres de todo tipo de flujos de 
capital, incluyendo el movimiento de capitales especulativos de corto y mediano 
plazo. La crisis asiática produjo un impasse en la conducción de estas ideas; 
 
Þ el reciente cambio de gobiernos en Europa hacia los partidos socialdemócratas 
determinó un hiato de reconsideración (bastante momentánea) acerca del concepto 
de globalización; 
 
Þ repentinamente, muchos países se están replanteando que después de abrir sus 
mercados, puede ser demasiado pronto para un avance tan importante de la 
coordinación, irrumpiendo sobre las políticas públicas nacionales. 
 
 
Este conjunto de argumentos detrás de la suspensión del MAI recoge reservas de 
tipo técnico que son las que se asocian a la reconsideración acerca del impacto en las 
políticas públicas. Es más serio reconocer esta realidad que sostener que el problema no 
era contra el MAI, sino contra “la globalización”25. Es esta una forma barata de atacar, 
tan absurda como la que ve en la globalización la raíz de todos los males de la 
civilización moderna.  
 
 
9.- Objetivos de los acuerdos de inversiones 
 
                                                 
25 La afirmación de que los argumentos no eran contra el MAI sino contra la “globalización” proviene de 
un funcionario de la OMC (Drabeck 1998, quien además es un entusiasta defensor del MAI). Sin embargo, 
no hemos encontrado textos de la OMC que avalen el MAI o algo similar. Dado que esta organización 
representa un espacio de negociación, no debería lanzarse con propuestas no consensuadas. 
 35 
 
 
 
 
 En los tiempos que corren, la pregunta no es si las inversiones extranjeras son 
buenas o malas o tan siquiera si se debería atraerlas. Por la vía de los hechos, todos los 
países del Hemisferio Occidental trabajan en esa dirección. 
 
 El punto focal de toda discusión de posibles alternativas de desarrollo consiste en 
cómo mejorar la calidad de las inversiones en general y su impacto sobre el crecimiento 
económico. La sustentabilidad del desarrollo no se basa solamente en los aspectos 
ecológicos, sino en la capacidad de cada nación para abrir constantemente nuevas 
oportunidades que no se basen en aspectos endebles de la competitividad (incentivos 
sistemáticos, salarios deprimidos, explotación abusiva de recursos naturales, generación 
de brechas sociales, entre otros). Algunos de estos elementos pueden ser negociados al 
nivel multilateral, otros no. Una característica central de un sistema legal de promoción 
de inversiones que incida positivamente en el desarrollo económico, es que los gobiernos 
deben mantener la autoridad y los medios para aplicar las políticas públicas que 
consideren necesarias.  
 
 Por tanto, la primera alternativa sería que cada país firme su propio tratado 
bilateral de inversiones a la medida de sus necesidades y posibilidades26. Los aspectos 
positivos de esta opción son: a) que cada país efectúa las concesiones que desea, de 
acuerdo a sus propias necesidades y b) disminuirían seriamente las posibilidades de 
sanciones cruzadas, donde cualquier diferendo sobre inversiones pudiera tener 
implicaciones en el comercio de bienes y servicios. El punto negativo de esta posibilidad 
es que los países más débiles se verían obligados a firmar el primer documento que se les 
ponga en la mesa, esto es, perderían el paraguas protector de los países en desarrollo 
mayores del Hemisferio. 
 
 De incluirse un capítulo sobre inversiones en ALCA, se debería matizar el 
concepto de “trato nacional” abriendo la posibilidad de restringir de este concepto los 
programas promocionales para la industria local. 
 
 Por otra parte, dado que las empresas transnacionales están solicitando una serie 
bastante amplia de garantías para sus inversiones, podría ser interesante introducir partes 
o la totalidad del Código de Conducta para las Transnacionales propuesto por las 
Naciones Unidas (pero no adoptado). Este Código no compromete a ninguna empresa o 
país sino con base en buenas intenciones. Empero, podría constituir un paraguas 
interesante para la interpretación de cualquier otro artículo negociado27. Por otra parte en 
                                                 
26 De hecho, en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Jordania, suscrito en el 2000, no se 
incluyó un capítulo sobre Inversiones debido a que ambos países ya tenían su Tratado Bilateral de 
Inversiones. 
 
27 En Gitli y Murillo (1998) mostramos como la simple introducción de objetivos en materia ambiental y de 
desarrollo sostenible en el preámbulo de la constitución de la OMC permitía cambiar la interpretación de 
varios de los artículos, favoreciendo la legitimidad de la inserción de objetivos ambientales en la operación 
de los artículos tradicionales del GATT. Esto se vio claramente en la resolución del Organo de Apelación 
en el caso del camarón y las tortugas. 
 36 
 
 
 
1976 la OECD adoptó una declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas 
Transnacionales que incluyó unos Lineamientos para las Empresas Transnacionales. 
También estos son voluntarios, pero vale la aclaración anterior: pueden alterar la 
interpretación de cualquier otra disposición. 
 
 Un punto que no podemos obviar en estas conclusiones se refiere a la visión 
bastante extendida en esferas oficiales de la mayoría de los países del Hemisferio 
(también de Estados Unidos), de que este tipo de negociaciones multilaterales sirve para 
poner un candado (lock in) sobre las reformas económicas que tienen que ver con la 
apertura de las economías28. En varias tiendas latinoamericanas existe la convicción de 
que la modernidad entra por medio de los tratados comerciales. Con esta idea, los ejes de 
las políticas públicas se trasladan al campo de las negociaciones comerciales29. De esta 
manera, una serie de procesos originadores de políticas públicas que debieran pasar por 
una etapa previa de negociaciones internas, por los congresos nacionales, con sus 
sistemas de balances de poder, pasan a ser definidos por la afirmativa o la negativa de 
una negociación ya consumada (Ostry 1999a). Ahora, la alternativa consiste en aceptarlo 
todo o simplemente quedarse afuera, con sus consecuencias previsibles. De ahí que es 
bastante objetiva la crítica de los Organismos no Gubernamentales (ONG) sobre la falta 
de transparencia y de procesos negociadores poco democráticos. Empero, no existen 
procedimientos claros para resolver estas contradicciones. En primer lugar, los gobiernos, 
especialmente de las naciones en desarrollo, insisten en que la intervención de las ONG 
viola los principios de las jerarquías democráticas nacionales30. En segundo término, así 
como participan las ONG, tendrían el derecho a participar los sindicatos, los gremios 
empresariales, los grupos de consumidores, etc31.  
 
Lo curioso es que la forma de pensar “modernizante” de algunos países en 
desarrollo no se extienda al área ambientalista32. Pensamos sin embargo, que en el caso 
de las inversiones las pruebas corren por el lado contrario: Los acuerdos sobre 
                                                                                                                                                 
 
28 Históricamente, el argumento de quienes impulsaban las negociaciones multilaterales en el GATT dentro 
de Estados Unidos era que no había otra manera de impedir los vuelcos proteccionistas de su propio 
Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia a la sobrevaluación del dólar durante la 
primer mitad de la década de los años ochentas (Ostry 1999a). Obviamente, lo mismo pensaban de lo que 
ocurriría en los demás países firmantes.  
 
29 Para una crítica de esta idea véase Gitli (1999). 
 
30 Lo que es cierto a medias solamente, tomando en cuenta que el propio proceso negociador es un caso 
especial donde las secuencias legislativas normales desaparecen. 
 
31 Lo cierto es que los grupos empresariales tienen instancias de participación no oficial previa, sobre todo 
los de países desarrollados. En cambio, las ONG no suelen tener equivalencia de canales de acceso y en 
este sentido su reclamo es lógico. 
 
32 Esto es, que las normas ambientales más estrictas  provengan de los países más desarrollados y se 
“peguen” al resto de las naciones a través de las negociaciones regionales o multilaterales. 
 37 
 
 
 
inversiones, en vez de modernizadores, se pueden convertir rápidamente en un obstáculo 
para la propia política ambiental.  
 
Hay elementos que nos llevan a pensar que el campo de los que piensan que la 
línea de intromisión de las negociaciones comerciales en las políticas públicas nacionales 
ha llegado demasiado lejos, es bastante amplio entre los teóricos más respetados de la 
política comercial (por ejemplo, véase Corden 1999, Bergsten 1999 y Srinvassan, citado 
por el anterior, Bhagwatti 1999). No obstante, la pura negativa a tratar los temas 
nacionales de interés transfronterizo puede también llevarnos a un callejón sin salida. Por 
tanto, a la vez que se negocia en términos comerciales, siempre es importante buscar los 
elementos de cooperación que puedan complementarlos en otras áreas de interés común, 
reconociendo la posibilidad de diferencias entre las naciones. 
 
 
10.- Inversión y ambiente: la agenda 
 
 
La necesidad de la IED en los países de América Latina y el Caribe es 
incuestionable. El aporte de capital y conocimientos para enlazar el mercado mundial, así 
como la propia competencia que induce, constituyen factores importantes para los 
procesos que coadyuvan al desarrollo.  A través de la nueva legislación que se ha 
implementado y los compromisos de los países en los distintos foros internacionales, ha 
quedado bien claro el interés de los países de la región por atraer y consolidar la inversión 
extranjera. 
 
América Latina como un todo ha perdido participación en el terreno de los países 
en desarrollo, por más que los flujos de IED hayan crecido en los años noventas.  Esta 
recuperación ha estado apoyada en el proceso de privatización de los aparatos estatales y 
no deja de llamar la atención la interrogante sobre el futuro de los flujos de IED 
estrictamente nueva. 
 
Hemos concluido que el problema de IED en la parte subdesarrollada del 
continente es homogéneo, en el sentido que la distribución de las inversiones entre países 
grandes y pequeños no presenta diferencias con lo que correspondería de acuerdo a sus 
tamaños, tanto en población, como en producción. Sin embargo, los factores de atracción 
de inversiones son bastante diferentes. Los países con mayor tamaño de mercado interno 
tienen mejores condiciones para atraerlas, aún en mercados integrados, cuando los 
productos tienen un fuerte contenido de consumo interno. Resulta difícil pensar en la 
instalación de una industria automotriz en Honduras o en Haití. Los países pequeños 
pueden integrarse con países mayores bajo condiciones de operar como plataforma de 
exportaciones hacia el resto del mundo o hacia sub-regiones del Continente. 
 
Estos factores estratégicos, a los que se asocian de manera importante las políticas 
nacionales de fomento al desarrollo (educación, infraestructura, actitud política hacia el 
capital extranjero, estabilidad social y política, ubicación geográfica y pertenencia a 
 38 
 
 
 
esquemas de integración, legislación nacional) son los que determinan el éxito de una 
política para la atracción de inversiones. En estas condiciones pensamos que la rigidez 
asociada con un marco superestructural internacional no compensa los costos en la 
pérdida de capacidad para llevar adelante las políticas públicas. 
 
Esto no quita que existan varios países en América Latina y el Caribe que 
requieran marcos superestructurales regionales para generar credibilidad y confianza en 
sus políticas y que la puedan lograr firmando un tratado bilateral de inversiones con uno 
o varios países grandes. Empero, la experiencia indica que son más los conflictos 
internacionales que crea este tipo de acuerdos que las inversiones que promueve. De 
hecho, con la excepción de Argentina, los principales receptores de IED per cápita no 
tienen firmado un tratado bilateral con Estados Unidos. Son los demás factores descritos 
anteriormente los que han incentivado los flujos de capital33. 
 
La verdadera ofensiva que deben llevar los países es la de construir la sustancia y 
la publicidad de disponer de sistemas judiciales operantes, tanto para nacionales como 
para extranjeros. Esto incluye la necesidad de compensar a las compañías por 
expropiaciones, ya sea directas o indirectas, cuando los cambios en las preferencias de la 
sociedad lo aconsejan. Empero, no tiene sentido llevar estos casos a soluciones 
internacionales de conflictos, más allá de aquellas en las que la discriminación ocurriera 
precisamente por la nacionalidad extranjera de la empresa y ocurriera para favorecer a 
alguna otra empresa local. 
 
En general, se puede decir que las empresas transnacionales han priorizado sus 
inversiones teniendo como objetivos la búsqueda de materias primas, aumento de la 
eficiencia y acceso a nuevos mercados, especialmente en el sector servicios.  Este énfasis 
de la IED en el sector servicios debe conllevar a un estudio cuidadoso del acuerdo sobre 
servicios que nuestros países firmaron en la OMC, porque en él se establecen 
lineamientos y consideraciones en torno a la inversión  que se haga en ese sector que  
determinan cualquier política sobre inversiones que se quiera implementar en el ALCA. 
 
Dados los marcos legales existentes y la lógica de los flujos, queda entonces la 
interrogante de cuántas deben ser las concesiones que deben realizar las economías 
latinoamericanas, en particular las pequeñas, para atraer inversiones; pero, sobre todo,    
sopesar su costo de oportunidad en relación con los márgenes de maniobra  de los 
gobiernos para implementar políticas industriales nacionales. Conviene tener en cuenta 
que de por sí, se han adquirido compromisos restrictivos importantes dentro de la OMC 
con respecto a la capacidad para comprometer a las empresas transnacionales con 
objetivos de políticas públicas. 
 
                                                 
33 El argumento que nos releva de mayores comentarios es con respecto a la llegada de una de las 
inversiones más codiciadas de América Latina: la de Intel a Costa Rica. Llegó precisamente a un país que 
no ha discutido un acuerdo de inversiones con Estados Unidos. La empresa encontró en el país las 
condiciones de mano de obra, infraestructura, ambiente general y legislación que consideró óptimas. Y esto 
fue más que suficiente. 
 39 
 
 
 
Aún cuando la legislación no debe discriminar en contra del inversionista 
extranjero y  brindarle la seguridad y garantías del caso, ésta no debe llegar a situaciones 
que discriminen en contra de los inversionistas nacionales (al tener los extranjeros más 
prerrogativas que los nacionales), ni tampoco convertirse en una camisa de fuerza para 
los gobiernos en el momento de desarrollar políticas nacionales y generar una nueva 
legislación que especialmente tenga que ver con la protección del ambiente. 
 
 Toda empresa tiene derecho a estar protegida de reglamentaciones arbitrarias por 
parte de los gobiernos. En principio, si la empresa comenzó sus actividades bajo un 
sistema legal que se lo permitía, sin asumir riesgos que pudieran ser perceptibles de 
antemano, debería ser compensada si la sociedad, representada por el estado, cambia sus 
preferencias. Sentimos que sobre esta materia es importante elaborar más a fondo 
criterios de tipo general. La cuestión que está en discusión no es la internacional, sino la 
nacional; esto es ¿cuales tipos de medidas ameritan compensación?34 
 
Las negociaciones sobre inversiones deben ubicarse en un contexto más amplio 
de negociación comercial, que debe tener los correspondientes vínculos con temas tan 
directamente interrelacionados como los acuerdos en servicios y políticas de 
competencia.  Deben ser visualizados como parte de un acuerdo comercial balanceado, 
donde se reconozca que la región es fundamentalmente un importador de neto de   
inversiones, más que un exportador.   
 
Las políticas de atracción de inversiones y las de crecimiento económico deben 
estar acorde con un manejo responsable de los recursos naturales y el ambiente.   Es 
conveniente reiterar, en el marco del ALCA, que la atracción de inversión no será 
manejada a costa del ambiente.   
 
Las declaraciones de principios son de gran importancia a la hora de interpretar 
los artículos de cualquier acuerdo. No crean derechos de por sí y parecen inocuas. 
Empero, constituyen un eje sobre el que se apoya la solución de controversias35. Por 
tanto, conviene comenzar una buena negociación estableciendo los principios de que a) el 
que contamina paga, b) el estado conserva el derecho de efectuar todos los ajustes 
reglamentarios que considere necesarios para preservar la salud o el ambiente y c) los 
estados no deberán competir para atraer inversiones sobre la base de reducir los 
estándares ambientales. En cualquiera de estos tres principios está presente la similitud de 
intereses entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
 
Cuando la naturaleza de la inversión lo demande,  al igual que se estipula en la 
gran mayoría de las legislaciones nacionales, un acuerdo hemisférico debe proponer que 
                                                 
34 UNCTAD propone algún tipo de revisión internacional para las medidas regulatorias (UNCTAD 
2000:45). Empero, no se puede trasladar a un nivel internacional lo que no está claro aún al nivel nacional. 
 
35 Esta recomendación, que proviene de las conclusiones de Gitli y Murillo 1998, están presentes también 
en UNCTAD 1999a:88. 
 
 40 
 
 
 
se  realicen  previamente estudios de impacto ambiental que garanticen la protección del 
ambiente.   
 
En todas las propuestas sobre inversiones, el énfasis está en la defensa de los 
derechos del inversionista, lo que parece razonable a primera vista. Empero, esta 
inclinación parte del concepto de estados que son más fuertes que las empresas; lo que 
como sabemos no es el caso para la mayoría de los países de la región. Cabe destacar que 
–de firmarse algún acuerdo- éste deberá ser un compromiso en dos direcciones, y así 
como se debe garantizar al inversionista protección contra posibles arbitrariedades de los 
estados nacionales, también éstos tienen una responsabilidad para con el país.   
 
Un buen precedente que debe ser aprovechado por los países del ALCA es la 
declaración y decisiones sobre la inversión internacional y empresas multinacionales de 
la OECD, en el cual éstas, por decisión voluntaria, se comprometen con los países -y en 
general con la OECD-  a cumplir con una serie de principios en el campo de la 
transparencia, el empleo y las relaciones industriales, el ambiente, la corrupción, los 
intereses del consumidor, la ciencia y tecnología, y la competencia, entre otros.  Este 
gesto, aun cuando pareciera más formal que legal, no deja de tener consecuencias de 
suma importancia, ya que define una ética de comportamiento empresarial a emular, y 
deja claro cuál debe ser el espíritu en que deben enmarcarse las relaciones comerciales y 
empresariales. 
 
Las inversiones extranjeras, en particular las inversiones directas tienen vital 
importancia para mejorar la inserción de las economías nacionales en el proceso de 
globalización. Las condiciones para la movilidad del capital son tales que se requiere una 
legalidad que facilite la inversión y no ponga trabas innecesarias al flujo de capitales de 
IED. En todo caso, los controles deben ser internos, comunes a toda inversión, no importa 
de donde provenga. Por tanto, el esfuerzo institucional no debe estar en las fronteras, sino 
en el manejo de la economía en general. Algunos países están acostumbrados a esta 
forma de administrar, pero para otros requiere un importante cambio institucional y de 
ideas dominantes.   Lo anterior nos lleva a la conclusión de que no hay nada como una 
buena legislación interna para insertarse adecuadamente en la realidad de los acuerdos 
internacionales determinados por el propio proceso de globalización. 
 
 
 
 
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 44 
 
 
  
 
 
 
Cuadro Anexo 1. Países en desarrollo: Entradas netas de capital por tipo de corriente 
1975-1998, (porcentaje de entradas agregadas netas) 
 
 
Fuente: UNCTAD 1999d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1975-1982
IED
9%
Otros créditos
7%
Préstamos 
bancarios
50%
Donaciones de 
la AOD
11%
Otras corrientes 
oficiales
21%
Entradas en 
cartera
2%
1983-1989
IED
18%
Otras corrientes 
oficiales
33%
Donaciones de la 
AOD
21%
Otros créditos
9%
Préstamos 
bancarios
16%
Entradas en 
cartera
3%
1990-1998
I E D
3 4 %
O t r a s  
c o r r i e n t e s  
o f i c i a l e s
9 %
D o n a c i o n e s  
d e  l a  A O D
1 1 %
O t r o s  
c r é d i t o s
1 %
P r é s t a m o s  
b a n c a r i o s
2 4 %
E n t r a d a s  e n  
c a r t e r a
2 1 %
 45 
 
 
 
 
 
 
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Peru
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela
Otros 
Anexo 2 America Latina: Crecimiento promedio del Producto 
interno bruto, -1990-2000-
Producto Interno Bruto
 
Fuente: CEPAL 2000a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Anexo 3. Flujos de IED provenientes de Europa, Estados Unidos y Japón, 1995-
1997 
(salidas neta, en millones de dólares) 
 
País  
Europa 
1995-97 % 
Estados Unidos  
1995-97 % 
Japón  
1995-97 % 
       
Argentina 5700 17.7 3825 8.9 103 4.4 
Brasil 10420 32.3 17311 40.2 1815 76.8 
Paraguay 31 0.1 62 0.1 0 0.0 
Uruguay 500 1.5 93 0.2 0 0.0 
MERCOSUR 16651 51.6  21291 49.5  1918 81.2  
Chile 3195 9.9 3199 7.4 50 2.1 
Bolivia 84 0.3 266 0.6 0 0.0 
Colombia 3036 9.4 587 1.4 8 0.3 
Ecuador 208.00 0.6 386.00 0.9 0 0.0 
Perú 717 2.2 1530 3.6 0 0.0 
Venezuela 3211 9.9 2092 4.9 193 8.2 
Comunidad Andina 7256 22.5  4861 11.3  201 8.5  
México 4611 14.3 11629 27.0 194 8.2 
Costa Rica 85 0.3 944 2.2 0 0.0 
El Salvador 31 0.1 63 0.1 0 0.0 
Guatemala -51 -0.2 161 0.4 0 0.0 
Honduras 11 0.0 9 0.0 0 0.0 
Nicaragua 4 0.0 47 0.1 0 0.0 
Centroamérica 80 0.2  1224 2.8  0 0.0  
Otros 492 1.5 811 1.9 0 0.0 
América latina y el 
Caribe 32285 100.0  43015 100.0  2363 100.0  
       
Fuente:       
ALADI, 2000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Anexo 4. América Latina y el Caribe  
Ingresos netos a de Inversión Extranjera Directa, 1990-1999 
millones de dólares 
 
PAÍS 
(1990-1993) 
Promedio 
anual 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Brasil 1534 2590 5475 10496 18743 28480 31397 
sin privatizaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 13257 1935 28759 
        
Argentina 2266 3490 5315 6522 8755 6526 23152 
sin privatizaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 2586 1392 19206 
        
México 3705 10973 9526 9186 12831 10238 11233 
sin privatizaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 5054.0  0.0  10697.0  
        
Chile 993 2733 2956 4633 5219 4638 9221 
sin privatizaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 2983 4500 7511 
        
Venezuela  612 813 985 2183 5536 4435 2607 
sin privatizaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 3918.0  4194.0  2222.0  
        
Otros b ALADI 1126 5483 4124 7638 9311.0  7212.0  5622.0  
sin privatizaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 7019.0  1591.0  2113.0  
        
América Central n.d. 798 948 1100 2124 3792 3020 
sin privatizaciones n.d. 65 113 77 815.6  1223 551.3  
 
Fuente:         
 World Investment Report, 2000, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Nota: 
a/  Los  ingresos  netos de IED comprenden todas aquellas entradas de capital cuya finalidad es obtener en forma permanente 10% o más 
del control de la propiedad de una empresa local por parte de inversionistas extranjeros .  El concepto de neto significa que los 
ingresos de capital se deducen las remesas de beneficios y las repatriaciones de capital. 
b/  Corresponden a los países de  Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay 
 48 
 
 
 
Anexo 6. América Latina y el Caribe  
Tasa de rentabilidad de la inversión extranjera directa 
 
Países 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996 
Argentina 14,3 8,8 19,7 14,2 
Brasil 7,4 10,7 20,0 16,4 
Chile 5,3 50,3 18,5 14,8 
Colombia 8,2 9,3 16,4 17,6 
México 10,8 11,8 17,1 18,3 
Panamá 10,8 14,7 9,3 7,9 
Perú 8,4 0,7 13,1 29,1 
Venezuela 15,2 9,7 24,6 20,6 
Promedio de  países 10,0 14,5 17,3 17,4 
 
Fuente: 
 CEPAL, La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe, Edición 1997, Santiago de Chile, 1998, pág. 
149, sobre la base de José Elías Durán, Base de datos.  Grupo de investigación sobre economía latinoamericana 
(GIELA),  Universidad de Barcelona, 1997.  Los cálculos fueron efectuados sobre la base de información 
proporcionada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Anexo 5: Participación del stock de Inversión extranjera directa mundial por sectores, 
-1988-1997- 
Mundial 
 1988
12%
41%
42%
5%
                       
1997
6%
42%49%
3%
   
Países desarrollados 
1988
12%
38%
45%
5%
Países en desarrollo
1997
8%
33%
56%
3%
 
 1988
10%
63%
27%
0%
    América Latina
1997
4%
59%
35%
2%
 
 1988
9%
67%
24%
0%
Primario Manufactura Servicios Otros
                           
1997
6%
39%
55%
Primario Manufactura Servicios
 
 49 
 
 
 
Cuadro Anexo 6. América Latina y el Caribe  
Tasa de rentabilidad de la inversión extranjera directa 
 
Países 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996 
Argentina 14,3 8,8 19,7 14,2 
Brasil 7,4 10,7 20,0 16,4 
Chile 5,3 50,3 18,5 14,8 
Colombia 8,2 9,3 16,4 17,6 
México 10,8 11,8 17,1 18,3 
Panamá 10,8 14,7 9,3 7,9 
Perú 8,4 0,7 13,1 29,1 
Venezuela 15,2 9,7 24,6 20,6 
Promedio de  países 10,0 14,5 17,3 17,4 
 
Fuente: 
 CEPAL, La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe, Edición 1997, Santiago de Chile, 1998, pág. 
149, sobre la base de José Elías Durán, Base de datos.  Grupo de investigación sobre economía latinoamericana 
(GIELA),  Universidad de Barcelona, 1997.  Los cálculos fueron efectuados sobre la base de información 
proporcionada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
 50 
 
 
 
Cuadro Anexo 7. Transferencias netas a los países en desarrollo a  
Por cuenta de IED, 1970-1998 
(Miles de millones de dólares)b 
 
  1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1998 
Entrada neta de IED 10,2 29,7 42,1 63,4 161,0 309,8 
Remesas de utilidades 39,9 69,7 84,9 66,0 102,5 114,6 
Transferencia neta -29,7 -40,0 -42,8 -2,6 58,5 195,2 
 
Fuente:  
 Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en Banco Mundial, Global Development Finance, 1999 (CD-Rom) 
a/ Excluida China 
b/ Totales acumulados para cada período. 
 
 
 
 
Cuadro Anexo 8. América Latina y el Caribe: Principales subsidiarias de las 
empresas trasnacionales, 1990 y 1998 
(millones de dólares y porcentajes) 
 
 1990 1998 
  Cantidad % Cantidad % 
Numero de empresas 500 100 500 100 
     Extranjeras 142 28.4 202 40.4 
     Privadas nacionales 265 53.0 258 51.6 
     Estatales 93 18.6 40 8.0 
 Valor  Valor  
Ventas 360,142 100 646,351 100 
     Extranjeras 95,764 26.6 250,149 38.7 
     Privadas nacionales 138,352 38.4 272,914 42.2 
     Estatales 126,026 35.0 123,388 19.1 
     
Sectores (receptores) 360,142 100 646,351 100 
     Primario 100,058 27.8 112,413 17.4 
     Manufactura 152,134 42.2 267,901 41.4 
     Servicios 107,950 30.0 266,037 41.2 
     
Fuente: CEPAL,2000 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 51 
 
 
 
   
 
Cuadro Anexo 9. América Latina y el Caribe: Principales empresas industriales 
1990 y 1998 
(millones de dólares y porcentajes)  
 
 1990 1998 
  Cantidad % Cantidad % 
Numero de empresas 100 100 100 100 
     Extranjeras 46 46.0 47 47.0 
     Privadas nacionales 50 50.0 52 52.0 
     Estatales 4 4.0 1 1.0 
 Valor  Valor  
Ventas 101,394 100 182,022 100 
     Extranjeras 53,574 52.8 110,515 60.7 
     Privadas nacionales 42,589 42.0 69,262 38.1 
     Estatales 5,231 5.2 2,245 1.2 
     
Fuente: CEPAL,2000    
 
 
 
 
Cuadro Anexo 10. América Latina y el Caribe: Principales empresas exportadoras 
1995 y 1998 
(millones de dólares y porcentajes)  
 
 1995 1998 
  Cantidad % Cantidad % 
Numero de empresas 200 100 200 100 
     Extranjeras 66 33.0 95 47.5 
     Privadas nacionales 120 60.0 97 48.5 
     Estatales 14 7.0 8 4.0 
 Valor  Valor  
Exportaciones 112,053 100 132,061 100 
     Extranjeras 34,301 30.6 59,193 44.8 
     Privadas nacionales 36,272 32.4 43,961 33.3 
     Estatales 41,480 37.0 28,907 21.9 
     
Sectores (exportadores) 112,052 100 132,062 100 
     Primario 50,209 44.8 52,971 40.1 
     Manufactura 55,852 49.8 66,904 50.7 
     Servicios 5,991 5.3 12,187 9.2 
     
Fuente : CEPAL,2000    
 
 
 52 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 
 
CASOS CONFLICTIVOS DEL CAPITULO 11 DEL TLCAN 
 
 
 Todos estos casos tienen en común, no solamente la búsqueda de evadir los 
sistemas legales nacionales apelando al Cap. 11 del TLCAN, sino además que los 
procesos son bastante secretos, ventilándose fundamentalmente a través de las notas 
periodísticas o las páginas web de las empresas. Los análisis disponibles suelen estar 
bastante distorsionados con una evidente carga emocional. Por lo tanto, en contados casos 
queda claro si hay discriminación contra la empresa por ser extranjera. El otro elemento 
común es que no se trata de expropiaciones directas, sino indirectas. 
 
 
Caso Mondev International de Canadá vs Estados Unidos. Esta empresa canadiense 
demandó el 6 de mayo de 1999 al gobierno de Estados Unidos por $ 50 millones de 
dólares de daños de lucro cesante, luego de perder todos los juicios y apelaciones 
posibles en ese país. La demanda se basa en la pérdida de un derecho contractual en la 
ciudad de Boston para adquisición de terrenos y construcción de complejos de compras y 
hoteleros. La historia es sumamente tortuosa y típica de complicaciones legales en un 
proceso en el que participaron otras empresas, hubo quiebras de por medio y reversión de 
derechos. El punto central de la demanda es que la empresa argumenta que la resolución 
final negativa para ella se debió a no ser estadounidense (http://armonization 
altert/org/October99/Mondev.htm). De acuerdo a su texto, es un caso típico en el que el 
acuerdo de inversiones (Cap. 11 de TLCAN) opera correctamente, dado que el argumento 
es precisamente la discriminación (incumplimiento del Trato Nacional), no importa cuan 
antipática haya caído la empresa en algunos círculos estadounidenses.  
 
Caso Methanex de Canadá vs Estados Unidos. A mediados de 1999 la corporación 
canadiense Methanex demandó al gobierno de Estados Unidos por $ 970 millones en 
lucro cesante debido a la prohibición del gobierno de California de vender el compuesto 
MTBE que se usa en la gasolina. La razón de la medida radica en su impacto negativo 
ambiental y además, de salud sobre el ser humano. La medida de prohibición se basa en 
un estudio de la Universidad de California. A su vez, la demanda se basa en que esta es 
equivalente a una expropiación. (www.harmonizationalert.org/July99/Mtbe.htm). Este es 
un caso típico de regulación ambiental que afecta los intereses de una empresa. 
 
Caso Loewen de Canadá vs Estados Unidos. Esta empresa funeraria canadiense demandó 
a Estados Unidos utilizando el ICISD del Banco Mundial. Este es un caso acerca del que 
hay muy poca información. La acción comenzó en 1998 a partir de un fallo de la Corte de 
 53 
 
 
 
Mississippi en contra de la empresa, por prácticas comerciales restrictivas y fraudulentas, 
entre ellas rompimiento de contratos. Al perder un juicio, la corte exigió una fianza de 
125 por ciento del valor a pagar, a efectos de esperar la apelación. La empresa tuvo que 
entrar en un acuerdo con su demandante y consideró que la fianza equivalía a una 
expropiación. Por tanto entabló la demanda bajo el Cap. 11 del TLCAN 
(www.harmonizationalert.org/NAFTA/Loewen.htm). Este caso ha tenido impactos 
traumáticos en Estados Unidos debido a que la empresa demandante agotó primero todos 
los mecanismos de los procesos legales internos y luego, cuando tuvo objeciones recurrió 
a la demanda de arbitraje internacional, lo que aclara la cuestión de discriminación al 
revés, dado que las empresas nacionales no tienen esta posibilidad. Del otro lado se 
insiste en que este asunto no tiene nada que ver con comercio internacional. 
 
Caso Myers de Estados Unidos contra Canadá. La solicitud de compensación proviene 
de una empresa estadounidense operando en Canadá y se basa en la cláusula de 
equivalente de expropiación. La compañía sostiene que una prohibición por 15 meses en 
1995 de exportar PCB le causó una pérdida y reclama en consecuencia $ 6.3 millones. La 
prohibición canadiense se basó en el temor de que en Estados Unidos (destino de las 
exportaciones) no pudieran manejar adecuadamente el compuesto. Luego de verificado 
que esto se hacía de manera satisfactoria, el gobierno canadiense reabrió las 
exportaciones. 
 
Caso Ethyl Corp de Estados Unidos contra Canadá. La empresa buscó compensación 
como resultado de una “expropiación indirecta” debido a la prohibición canadiense de 
importar el compuesto MMT. El gobierno de Canadá terminó pagando $ 13 millones  en 
agosto de 1998 por un arreglo con la empresa, a efectos de no arriesgar perder el 
arbitraje. También se vio obligado a declarar públicamente que el MMT no implicaba 
ningún riesgo de salud o ambiental. Esta decisión fue bastante compleja y traumática para 
las iniciativas ambientales debido a que EPA de Estados Unidos mantiene la prohibición 
de utilizar el MMT en gasolina reformulada. Parece ser el único caso concluido hasta 
ahora, aunque sea por un arreglo fuera del arbitraje. 
 
Caso Metalclad Corp contra México. En octubre de 1996, Metalclad Corp., una 
compañía estadounidense de disposición de residuos acusó al gobierno mexicano de 
violar el capítulo 11 del TLCAN cuando el estado de San Luis Potosí le rehusó un 
permiso para reabrir una de sus facilidades. El gobernador del  estado cerró el sitio luego 
que una auditoría geológica reveló de que la instalación podía contaminar la oferta local 
de agua. Metalclad reclamó que esto constituía un acto de expropiación y solicitó $ 90 
millones de dólares en compensación. En este caso se trataba de un conflicto antiguo 
contra el sitio por parte de la población local que incluso había obligado a cerrar a la 
empresa que ocupaba el lugar anteriormente a Metalclad. El otro problema es que se trató 
de una movilización popular finalmente apoyada por el estado de SLP, pero no por el 
gobierno federal mexicano. Finalmente, el arbitraje asignó a Metalclad una compensación 
de 16.7 millones de dólares, el que México está apelando fuera de los mecanismos del 
TLCAN. 
 
 54