| dc.description.abstract | Uno de los temas que más se encuentra hoy sobre las diferentes mesas de discusión es la situación de las PYME, es común ver artículos en los medios de comunicación, ferias que se realizan para dar a conocer los productos que venden este tipo de empresas, charlas dirigidas a este sector, modificaciones a la normativa, entre otros, y el otro gran tema que siempre se encuentra bajo la lupa es el de las compras públicas; por lo tanto tratar de vincular estos dos grandes escenarios se tornó un gran reto, y para ello la innovación se vuelve crucial.
Para apoyar al fortalecimiento de las PYME en el país, desde el año 2002 se emitió la Ley 8262 que buscaba precisamente apoyar a este sector por medio de las compras públicas, pues para nadie es un secreto que este nicho de mercado se vuelve muy atractivo para las empresas, un sueño para muchas; es el Estado el mayor comprador de bienes y servicios, pero ingresar a este mercado es bastante complejo, por los plazos, requisitos, garantías, entre otros que exigen las instituciones públicas, especialmente por la normativa que regula la contratación administrativa.
Partiendo de lo anterior, es necesario apoyar a un sector de la economía nacional y por otro lado, se define quién es el comprador de bienes y servicios más importante del país; siendo el Estado el mayor consumidor y el Gobierno el que define las políticas públicas que pueden apoyar a las PYME, surge la interrogante cómo podemos unir estos dos grandes actores y apoyar a un sector vulnerable?, la respuesta es mejorando los procesos de contratación; específicamente, la fase de elaboración de los carteles; si se logra determinar mecanismos que puedan incentivar la participación de las PYME en las compras públicas, las instituciones públicas podrán contribuir a solucionar una problemática nacional, con tan solo la incorporación de factores de evaluación que logren potenciar a las PYME.
Para llegar a determinar los mecanismos, fue necesario no perder de vista que a la gestión pública lo rige el principio de legalidad, es decir, puede actuar conforme a lo que indique la norma, por lo que se revisó toda la legislación nacional relacionada a PYME y compras públicas, así como los tratados de libres comercios.
Otro aspecto importante, fue conocer el criterio de personas expertas en el tema de las compras públicas y determinar la gestión que están realizando algunas instituciones públicas con respecto al apoyo de las PYME.
Analizar las experiencias de otros países que han avanzado más en este tema, fue determinante para definir la viabilidad técnica-legal de implementar esos mecanismos en nuestro país.
Lo enriquecedor de la investigación, es que al final fue posible determinar que existe viabilidad técnica-legal de establecer mecanismos o factores de evaluación que puedan incentivar la participación de las PYME en las compras públicas. | es_ES |
